El Consejo Supremo Electoral (CSE), además de violentar la Ley de Acceso a la Información Pública, al tener deshabilitada su página electrónica desde hace algunos meses, también violenta los artículos 5 y 8 de la Ley de transparencia, que obliga a las instituciones a mantener vigentes sus portales en Internet e informar trimestralmente a la Asamblea Nacional sobre sus convenios y contratos.
La diputada Miriam Argüello, presidenta de la Comisión de Probidad y Transparencia, dijo ayer desconocer las causas del cierre de la página web del CSE o de la deuda por 37 millones de córdobas a un banco privado, de los cuales no se conocen su origen.
“Pero me imagino que como el Consejo Supremo Electoral está vacío, porque quienes están sentados allí no son magistrados, me imagino que por eso no tienen su página web”, señaló Argüello, quien desconoció así a los funcionarios de facto.
Respecto a la inhabilitación de la página web, el diputado Francisco Aguirre, miembro de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, dijo que claramente viola la Ley de Acceso a la Información Pública y va en contra del espíritu de la Ley de Transparencia del Estado (Ley 662), la cual obliga a las entidades y empresas públicas a publicar, entre otras cosas, sus actividades financieras y a actualizar sus portales electrónicos cada mes.
El diputado Enrique Sáenz, miembro de la comisión de Probidad y Transparencia, dijo que en una institución caracterizada por las acciones fraudulentas, “donde hay usurpadores en control de ella y en una institución donde por encima de toda norma jurídica solicitan un crédito de 37 millones de córdobas y no dan ninguna justificación más que un párrafo en una carta, la deshabilitación de la página web es una (violación) más”.
Aguirre Sacasa y Sáenz señalaron que si el CSE fuera una institución transparente, ya hubiesen informado sobre los resultados del 8.5 por ciento de las elecciones del 2006.
“Desafortunadamente, el Consejo Supremo Electoral y muchas otras entidades públicas —como Petronic— no cumplen con sus obligaciones legales en cuanto a la transparencia que, además, son elementos obligados del rendimiento de cuentas en cualquier estado democrático y moderno”, expresó Aguirre Sacasa.
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