Una mínima diferencia es la que divide a quienes están de acuerdo y en contra de que los actuales magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) organicen los comicios nacionales, a realizarse el primer domingo de noviembre del próximo año.
Según los resultados de la encuesta de M&R Consultores, el 38.7 por ciento de los consultados respalda que los actuales magistrados de facto del Poder Electoral organicen y desarrollen el proceso electoral de 2011, contrario al 38.3 por ciento que dice estar en desacuerdo.
- Una vez más, el Consejo Supremo Electoral (CSE) obtiene la descalificación de la ciudadanía en su labor.
Mientras que en el segmento de independientes, la desaprobación es del 63.1 por ciento.
Los sandinistas son los que le dan un alto puntaje al Poder Electoral con el 45.4 por ciento de aprobación y sólo el 18 por ciento de desaprobación.
La tendencia a la desaprobación de la labor de los magistrados del CSE registra una baja, en comparación al estudio realizado a mediados de este año, cuando registró el 59.3 por ciento, porque ahora es de 47.1 por ciento.
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La encuesta fue realizada a 1,600 personas entre el 26 de noviembre y el seis de diciembre. Tiene un margen de error de 2.5 por ciento.
La balanza favorable a los magistrados de facto la inclinan los encuestados que se identifican como sandinistas, ya que 61.5 por ciento de ellos afirma estar de acuerdo con la presencia de esos funcionarios cuestionados por irregularidades, como el fraude en las elecciones municipales del 2008 y las regionales de marzo del 2010, lo que hasta provocó la suspensión de ayudas financieras de la cooperación internacional para Nicaragua.
Sin embargo, entre los opositores y los identificados como independientes las cifras varían entre quienes no están de acuerdo con que los actuales magistrados se mantengan al frente del proceso electoral. El 59 por ciento proviene del sector opositor y el 49.7 por ciento de los independientes.
El 23 por ciento optó por no responder.
El DECRETAZO
A pesar de que un considerable porcentaje (por el respaldo de sandinistas) dice estar de acuerdo con la presencia de los magistrados de facto, el 58.1 por ciento estima que el decreto presidencial 03-2010, emitido por el presidente Daniel Ortega para extender el período vencido de más de una veintena de funcionarios públicos, es inconstitucional y, por tanto, esos funcionarios deben dejar el cargo.
Sólo el 32.7 por ciento es del criterio que los funcionarios de facto deben permanecer ejerciendo sus cargos.
El 9.2 por ciento optó por no responder o dijo no saber.
Obviamente, los que más respaldan del decretazo, que mantiene en sus cargos a funcionarios en diferentes poderes e instituciones del Estado, son los opositores y los del segmento de independientes.
Quienes más consideran inconstitucional el decretazo son los opositores con el 86.9 por ciento, seguidos de los independientes con el 70.7 por ciento.
En lo que respecta a quienes se identifican como sandinistas, el 57.5 por ciento señala que la medida adoptada por el mandatario es constitucional, contrario al 33.7 por ciento.
En diversas ocasiones la oposición intentó derogar el decretazo en la Asamblea Nacional, pero no logró obtener los votos necesarios para ese fin.
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