La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional acordó conformar en enero una subcomisión, con el objetivo de iniciar un proceso de revisión de todas las reglamentaciones aprobadas por el Ejecutivo, para determinar si existen abusos en las mismas.
La propuesta surgió, de acuerdo con el presidente de la Comisión de Justicia, José Pallais, a raíz de temores, de que después de aprobadas las tres iniciativas enviadas por el presidente Daniel Ortega, con carácter de urgencia, éste las “acomode” a su conveniencia, con el derecho constitucional que lo faculta para reglamentar leyes.
“¿Cuál es el problema? Que el Presidente actual que tenemos es un Presidente que no genera confianza, que presenta dudas de su compromiso con la Constitución, que presenta dudas de su respeto al Estado de Derecho”.
En distintas ocasiones, los parlamentarios de oposición han acordado diversas estrategias para “detener los abusos del presidente Ortega”, sin que hasta el momento hayan logrado nada en concreto.
- Mediante un pronunciamiento, la Alianza Patriótica reiteró que las tres iniciativas enviadas por el Ejecutivo con carácter de urgencia afectan derechos y garantías de los nicaragüenses contenidos en la Carta Magna.
Con esta iniciativa el presidente Ortega no ha hecho más que demostrar que la verdadera conspiración existente es la dirigida por él en contra del pueblo de Nicaragua, y su derecho a la libertad y la convivencia pacífica con todos los pueblos.
Añade que el proyecto de Ley de Seguridad Nacional pretende reconstruir y legalizar todo un aparato de inteligencia y espionaje, que creíamos había quedado en el pasado.
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Ante propuestas de introducir mociones para evitar riesgos con la reglamentación de las leyes, Pallais es del criterio que no se puede hacer a través de la aprobación de una ley ordinaria, por ser una facultad constitucional, por lo que, además de la revisión a los reglamentos, no se debe permitir que las leyes sean aprobadas con vacíos jurídicos.
El diputado liberal aseguró que si existen abusos en los reglamentos aprobados, los mismos pueden ser derogados o reformados por la Asamblea Nacional, para que “no choquen” con el espíritu con que se aprobaron.
FALTA CONSENSO
José Pallais señaló que, en el caso de las mociones de la Ley de Seguridad Democrática, elaborada por una comisión técnica, integrada por militares y asesores legislativos, esta no ha pasado la revisión de los jefes de bancada, aunque recoge conceptos y líneas generales propuestas por los parlamentarios.
El parlamentario no descartó que incluso la misma pueda sufrir modificaciones para su aprobación final, la que todavía no tiene fecha, contrario a la Ley de Defensa Nacional de la República de Nicaragua, prevista para el 13 de diciembre.
MINIMIZA CRÍTICAS
El presidente de la Comisión de Justicia desestimó las críticas de “complacencia” vertidas contra la bancada liberal, para la rápida aprobación de las tres iniciativas, asegurando que quienes han llevado el “liderazgo” para que se revisasen para hacer cambios sustantivos y no se aprobaran a la medida del Ejecutivo fueron precisamente ellos.
Pallais insistió en que el permitir la implementación del Servicio Militar Patriótico, bajo cualquier otra figura, sería una irresponsabilidad del político que lo apruebe, a pesar de poder obtener réditos, ante el costo que esto pueda tener para el presidente Ortega, debido a los antecedentes que existen de la década de los años ochenta, que se calculan en unos treinta mil jóvenes, cifra que no es reconocida aún por el Estado de Nicaragua de manera oficial.
LOS CAMBIOS
El nuevo proyecto de Ley de Seguridad Democrática observa diversos cambios. El primero de ellos es la inclusión de un nuevo artículo.
“La finalidad primordial de esta ley es asegurar la vigencia y pleno respeto de los derechos, garantías y libertades fundamentales de los nicaragüenses, contrarrestando los factores adversos a la seguridad humana, democrática e interna de la Nación, por medio de previsiones y acciones en beneficio de la consecución y mantenimiento de los intereses supremos de la Nación, la defensa del patrimonio frente a cualquier riesgo, amenaza o conflicto armado internacional que afecten a la independencia, soberanía e integridad territorial de Nicaragua, la vigencia de un orden justo y la estabilidad del Estado de Derecho”.
También se introducen algunos párrafos en lo que se refiere a los propósitos y se incluyen nuevas definiciones como es la de Seguridad Humana, que establece que es una “situación y procesos que busca generar ambiente de seguridad para las personas basados en principios de seguridad económica, política, alimentaria, en salud, ambiental y de la comunidad”.
Así como también el de Seguridad Interna, que pretende asegurar los mecanismos para prevenir y luchar contra amenazas generadas dentro del país, que atenten contra la vida y bienes de los ciudadanos.
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