WASHINGTON/EFE
Representantes del Pentágono y la Casa Blanca presentaron ayer un frente común a favor del “Dream Act” para la legalización de estudiantes indocumentados en EE.UU., en vísperas de un voto clave sobre la medida en ambas Cámaras del Congreso.
Durante una conferencia telefónica con periodistas, las autoridades rechazaron las críticas republicanas de que el “Dream Act” es una “amnistía” y presionaron al Congreso a que la apruebe para que los estudiantes indocumentados puedan contribuir a la economía y a la defensa del país. “No es un asunto de (enfrentar) a estadounidenses con inmigrantes indocumentados” sino de atraer talento y servicio de alta calidad a las filas del Ejército, explicó el subsecretario de Defensa a cargo de reclutamiento, Clifford Stanley.
Se calcula que cada año aproximadamente 65,000 jóvenes indocumentados se gradúan de las secundarias en EE.UU. y, según Stanley, esa cifra ofrece la posibilidad de mejorar el reclutamiento en las Fuerzas Armadas.
Por su parte Cecilia Muñoz, directora de la Oficina para Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, insistió en que, contrario a las acusaciones republicanas, el “Dream Act” “está lejos de ser una “amnistía” y tampoco es una dádiva del Gobierno porque los estudiantes “tienen que cumplir con una serie de requisitos”.
En septiembre pasado los senadores republicanos bloquearon el debate sobre el “Dream Act”, que permitiría la legalización para estudiantes que entraron ilegalmente a EE.UU. antes de cumplir los 16 años, llevan al menos cinco años de estancia en el país y cumplen al menos dos años de universidad o se inscriben en el Ejército, entre otros requisitos. Los republicanos no han cambiado de parecer y prometen mantener una férrea oposición a la medida.
Los demócratas en ambas Cámaras del Congreso, endeudados con los votantes latinos, tienen previsto iniciar el proceso de debate y voto sobre el “Dream Act” hoy. Según el Instituto para Política Migratoria (MIP, en inglés), si el Congreso aprueba la medida, alrededor de 726,000 estudiantes indocumentados podrían recibir estatus legal temporal y, de éstos, cerca de 114,000 podrían recibir la residencia legal permanente tras una espera de seis años.
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