Dionisio Palacios, ex director de Cedulación del Consejo Supremo Electoral (CSE), señaló que con la decisión de la Asamblea Nacional, de pagar vía Presupuesto General de la República los 37 millones de córdobas que el CSE adeuda a un banco privado, cuyo nombre hasta ahora es un misterio, están obligando a todos los ciudadanos a pagar dos veces por un documento de identidad.
Palacios dijo que con 37 millones de córdobas se podría cedular a mucha gente en el país, porque hay un sistema montado y si la excusa es el costo de las tarjetas de policarbonato, 37 millones son exagerados.
“No veo para qué gastaron una millonada, si el pueblo ahora tiene una doble carga, porque si la deuda sale del Estado lo vamos a pagar con nuestros impuesto y aparte hay que pagar 300 córdobas más por obtener el documento de identidad”, expresó Palacios.
Cabe señalar que en una carta que Roberto Rivas, presidente de facto del CSE, envió a la Asamblea Nacional tratando de justificar la deuda, pero sin dar detalles, este afirmó que los 37 millones se usaron para el proceso de cedulación ciudadana.
Durante la aprobación de la Ley Anual del Presupuesto General de la República (PGR) del 2011, el presidente de la Comisión Económica, Wálmaro Gutiérrez, defendió la justificación enviada por Rivas, de que el préstamo que hizo fue para poner la contrapartida a los 5.9 millones de dólares recibidos de la cooperación de España para la modernización del Registro Civil y de la Cedulación.
De acuerdo con Palacios, el proceso que Rivas realizó es completamente anómalo, porque la aprobación de esa deuda debió ser directamente de la Asamblea Nacional.
“Ese desembolso solo pudo ser aprobado por la Asamblea y tuvo que haber pasado por votación de los diputados, pero la realidad es que, como en Nicaragua no existe oposición, ni nadie que vele por los intereses de este país, hacen lo que quieren”, expresó Palacios.
El ex director de Cedulación dijo que la primera institución que debería estar investigando de oficio cómo se gastaron esos 37 millones de córdobas es la Contraloría General de la República (CGR), “pero no veo que haya tomado carta para investigar y si la Asamblea ya lo aprobó, se van a sentar, porque ya lo aprobaron, pero es su obligación dejar en claro el uso de esos 37 millones”, dijo Palacios.
ASAMBLEA LEGALIZÓ IRREGULARIDAD
El economista René Vallecillo y el ex ministro de Hacienda, Mario Arana, coincidieron en que fue una decisión errónea que la Asamblea Nacional haya legalizado el préstamo de los 37 millones de córdobas al CSE, por cuanto señalan que independientemente que se justifique como contrapartida para un proyecto financiado por España, se obvió el procedimiento de la Ley de Endeudamiento Público.
Arana recordó que ninguna institución pública, incluido el CSE, puede asumir deudas sin previa aprobación de la Asamblea, ni salirse del presupuesto que se le asigna anualmente.
Arana dijo que “si ese es el marco en que está inserto este gasto, obviamente tiene una explicación”.
“El problema es el procedimiento que se utilizó, porque no es facultad de ninguna entidad adquirir deudas en el sistema financiero sin ir a través de un proceso de aprobación de Hacienda y luego de la Asamblea Nacional”, expresó Arana.
Explicó que todos los gastos de los distintos poderes del Estado tienen que estar dentro de una línea presupuestaria definida bajo parámetros específicos que hacen que se asegure el poder cubrirlos.
Señaló que estas irregularidades no pueden permitirse, “porque si no se pierde el control sobre las finanzas del país y cada quien hace lo que le da la gana y no cumple con las leyes de endeudamiento público que están claramente establecidas desde hace un buen rato”.
Arana insistió en que con la aprobación de dicho préstamo, además de provocar un problema para la economía, se “desacredita” al país ante los organismos internacionales y los cooperantes externos.
MINISTRO NO PUEDE EVADIR SU RESPONSABILIDAD
Arana y Vallecillo igualmente aseguraron que el ministro de Hacienda, Alberto Guevara, no puede evadir la responsabilidad que le da su cargo sobre el manejo y control de la deuda pública de Nicaragua.
Vallecillo dijo que Guevara está en “la obligación de transparentar” si el destino de los 37 millones de córdobas es el que se justifica.
“Aquí las instituciones, como su nombre lo dicen, son públicas, deben conocer todos los ciudadanos qué es lo que está pasando con sus impuestos”, cuestionó.
Agregó: “No es que se los dimos para que los usaran en lo que ellos quieren, sino en lo que verdaderamente va a beneficiar sobre todo a la clase más pobre de Nicaragua”.
“El Ministerio de Hacienda debe velar por el buen manejo de la hacienda pública y por lo tanto debe tener conocimiento pleno de cuáles son los procedimientos de endeudamiento y si le da parte o no en el proyecto de Presupuesto”, refirió Vallecillo.
El ministro Guevara se ha mantenido sin explicar sobre el banco que otorgó el préstamo al CSE y las condiciones del mismo. Además, expresó que quien es el responsable final del endeudamiento público es la Asamblea Nacional, por cuanto es quien lo aprueba.
Vallecillo consideró que la responsabilidad es compartida con los legisladores, pero que únicamente esta posición no cabe, ya que la Ley de Endeudamiento Público es clara en conferir a Hacienda ese control de cómo se asume y su posterior pago.
En cuanto a la Asamblea Nacional, señaló que debe tenerse la capacidad de analizar técnica y objetivamente a través de la Comisión Económica, poder determinar antes de aprobar recursos “si se está violando o no una ley”.
¿PARA QUÉ LOS 37 MILLONES?
A finales de septiembre, Rivas dijo que en el año 2009 invirtieron 30 millones de córdobas para la compra de tarjetas de policarbonato, con las cuales se producen las nuevas cédulas de identidad.
De acuerdo con Rivas, quien brindó declaraciones a un canal televisivo, la millonaria inversión fue para “subsidiar” o “beneficiar” a los trabajadores, aunque no precisó cuáles; en ese momento tampoco había salido a luz la deuda de los 37 millones.
Cabe señalar que con los 37 millones que el CSE prestó a una entidad bancaria hasta ahora desconocida y sin aprobación de la Asamblea Nacional, se hubiesen podido cedular a 123,334 personas con el costo de los 300 córdobas que tiene establecido el CSE, el cual a criterio de expertos en la materia es un excesivo, ya que calcularon que el costo real era de 70 córdobas.
Si tomamos el costo estimado por los expertos, con los 37 millones de córdobas se pudo cedular a unas 528,571 personas.
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