La doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), señaló que en el caso de que se procese a los jóvenes que el pasado 9 de noviembre realizaron una protesta frente a las oficinas del Consejo Supremo Electoral (CSE) en Metrocentro, se estaría criminalizando el derecho a la protesta social.
- La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, dijo que después de dos años el caso del Cenidh por fin llegará a los tribunales.
Núñez también denunció que en 2008 le mancharon de rojo y negro las paredes de su casa. Dieron a las autoridades el número de placa y el nombre del dueño de la camioneta que llegó a hacer las pintas, pero nunca hicieron nada.
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“Lo que están haciendo es una criminalización de la protesta social, porque una protesta social es un repudio a un comportamiento y a una actividad tan deleznable como la que está haciendo el CSE”, expresó Núñez.
Por su parte Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), lamentó que la Policía esté invirtiendo tiempo y recursos en una investigación que no tiene sentido, porque no hubo daños a la propiedad, no hubo agredidos y tampoco exposición de personas al peligro. “La Policía debería estar enfatizando sus recursos en combatir el crimen organizado y las pandillas y no estar haciendo el show con una investigación que no tiene fundamento”, manifestó Carmona.
Tanto Carmona como Núñez coinciden en que lo que están haciendo es tratar de reprimir a quien se atreva a protestar y reclamar sus derechos.
“Muchos creen que han bajado el tono (turbas del partido de Gobierno), pero no es cierto, están actuando solapadamente, hay que tener mucho cuidado, porque van a actuar de manera más sutil, por que el costo político que pueden pagar de cara a las elecciones es muy caro, pero eso que están haciendo es persecución política selectiva y desde el punto de vista de los derechos humanos eso se llama criminalización de la protesta social”, señaló Núñez.
La presidenta del Cenidh dijo que el derecho a la protesta social es permitido y al estarlo investigando se convierte el derecho en un delito.
Carmona expresó que el mensaje principal es tratar de intimidar y meter en miedo al pueblo de Nicaragua para que no salga a las calles a reclamar sus derechos.
Núñez y Carmona lamentaron que instituciones como la Policía y la Fiscalía sean títeres del presidente Daniel Ortega y estén actuando de manera selectiva, ya que su responsabilidad es garantizar la seguridad ciudadana e investigar todos los delitos, los cometa quien los cometa.
“Las manifestaciones deben seguir dentro del marco cívico, porque sus protestas son legales”, dijo Carmona, quien además recomendó a los jóvenes poner una denuncia ante las instituciones de derechos humanos, porque lo que les están haciendo se llama persecución política.
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