Mientras el país sigue inmerso en el nuevo diferendo territorial entre Nicaragua y Costa Rica por el dragado del río San Juan, el tiempo se acorta para las elecciones presidenciales del 6 de noviembre de 2011, convocadas por un Consejo Supremo Electoral (CSE) cuyos magistrados terminaron su período entre febrero y junio de este año.
El coordinador de la Comisión de Gobernabilidad de la Coordinadora Civil, Irving Dávila, y el ex ministro de Defensa Avil Ramírez coincidieron en que la convocatoria para las próximas elecciones carece de legalidad y legitimidad por la falta de autoridades electorales vigentes y honestas, la discriminación en la entrega y renovación de cédulas gratuitas y la ausencia de un sistema creíble y transparente.
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Dávila reclamó que “no se debería permitir que estos magistrados de facto convoquen a un proceso y menos que lo dirijan, porque no tienen la legalidad ni la legitimidad. Más bien —agregó— deberían ser destituidos, tal como la sociedad civil lo ha demandado desde el fraude que cometieron en las elecciones municipales del 2008”.
Ramírez aseguró que con esas condiciones el país está entre la espada y la pared, debido a que la oposición aceptó la convocatoria porque si no cedería el control absoluto a Daniel Ortega y el Frente Sandinista, tal como ocurrió en Venezuela en las elecciones legislativas del 2005, cuando aquella oposición no participó y Hugo Chávez logró el control total de esa Asamblea.
DEBEN ELEGIR RELEVO DEMAGISTRADOS DE FACTO
Dávila insistió en que aún hay tiempo para que los diputados elijan el relevo de los magistrados electorales y que la sociedad civil debe seguir exigiéndolo.
Los ex candidatos a alcaldes de León, Ariel Terán, y de Masaya, Francisco Valdivia, también coincidieron en que la Asamblea debe elegir nuevos magistrados. Los votos de ellos, y otros 38 alcaldes, fueron robados para favorecer al FSLN en los comicios del 2008 y creen que no se debe repetir esa experiencia.
Dávila advirtió que si se comete otro fraude, “iremos a una crisis de gobernabilidad y el ciclo de violencia que cada veinte o treinta años se da en el país”.
EXIGEN OTRAS GARANTÍAS PARA PRÓXIMOS COMICIOS
El partido Unión Demócrata Cristiana (UDC), aliado al FSLN en las elecciones del 2006, también demandó que se mejore la confianza ciudadana en el proceso electoral, en una correspondencia dirigida al CSE junto al formulario para participar en los próximos comicios.
La UDC, liderada por el diputado Agustín Jarquín Anaya, demanda que para garantizar un sistema transparente se debe depurar el padrón electoral, profesionalizar y agilizar la cedulación, “para evitar su manipulación” y asegurar la observación nacional e internacional, tal como establece la Ley Electoral.
Nicaragua tiene esperanza de que las próximas elecciones nacionales sean transparentes.
Avil Ramírez. LA PRENSAManuel Esquivel
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