Fiscal no ve falta en caso INSS

Centeno Gómez alegó que necesitaría la opinión de los expertos para actuar. “Yo soy muy objetivo y espero que seás objetivo, vos que sos tan buen escritor. No tengo competencia de conocimiento de eso hasta que el órgano constitucional encargado de estas cuestiones (se refiere a la Contraloría General de la República, CGR) me diga que ha habido algo con bienes del Estado”, dijo vía telefónica Centeno.

Sin embargo la Ley orgánica del Ministerio Público (346) deja abierta la posibilidad que se inicie una investigación de oficio.

Entre las atribuciones de la Fiscalía, señaladas en el artículo ocho de la Ley, se cita “la investigación y persecución de los Delitos de Acción Pública, se promoverán, de oficio o a instancia de parte, por el Fiscal General de la República o el Adjunto en su caso, o bien, por los Fiscales Departamentales, Regionales, Auxiliares o por los Fiscales Especiales”.

Las autoridades del INSS, Borge y el diputado Mario Valle Dávila, propietario de la Policlínica Cruz Azul que recibió el millonario empréstito, se hallan en un escándalo tras la revelación del crédito acordado a pagarse en un plazo de cinco años, con un interés del cuatro por ciento anual y poniendo de garantía únicamente un terreno de 417.5 varas cuadradas, de acuerdo con la documentación en poder de LA PRENSA.

Ese terreno fue propiedad de la esposa de Borge, la peruana Marcela Pérez Silva y fue buscando ese hilo cuando LA PRENSA se encontró con el préstamo desconocido.

Alma Leony González, abogada del comandante, dijo esta semana que habían puesto otras garantías para el desembolso, sin explicar cuáles, y que desconocían por qué no aparecían reflejadas en los documentos en el Registro Público de la Propiedad.

LAS EXPLICACIONES

Según juristas consultados, Borge y Valle Dávila tienen impedido cualquier tipo de contrato con el Estado por su condición de funcionarios públicos, sin embargo el Fiscal General valoró como “opiniones políticas” las declaraciones de la comandante Dora María Téllez quien sostuvo que había quedado claro en la investigación periodística que los funcionarios aludidos habían cometido el delito de tráfico de influencias.

“Son opiniones políticas ésas —expresó Centeno Gómez—. No conozco ese tema. Sólo lo que he visto a través de ustedes. Para nosotros poder opinar al respecto tendríamos que oír cualquier opinión primera de la Contraloría General de la República”, volvió a repetir.

La Contraloría anunció el viernes anterior que no haría ninguna pesquisa, una decisión que no sorprende al comandante Henry Ruiz, recordado como uno de los guerrilleros más éticos que lucharon contra la dictadura de Somoza.

Ruiz dijo que en el país no hay un Estado de Derecho, si no un concierto de funcionarios que responden a un acuerdo político establecido por el presidente Daniel Ortega y el ex mandatario Arnoldo Alemán desde el año 2000 cuando reformaron la Constitución y se repartieron las instituciones entre sus respectivos partidarios.

Una investigación de LA PRENSA demostró, además del préstamo a Cruz Azul, que Borge vendió terrenos de procedencia dudosa en Bello Horizonte en 2.3 millones de dólares desde agosto de 2004, sumándole también una finca ubicada en la falda del volcán Mombacho en Granada y otro terreno en Carretera Norte.

Borge siempre ha dicho públicamente que es un hombre pobre y en sus discursos en el pasado se ha referido a la lucha contra la corrupción dibujándose como un verdugo de ésta. Por ejemplo, en su texto Los primeros pasos de la Revolución Popular Sandinista describió en 1981 lo que para él era el “verdadero sandinista”. “Un sandinista es aquél que le sale enfrente a la corrupción intransigentemente. Un sandinista es aquél que hace todos los esfuerzos posibles por arrojar de su conciencia el egoísmo”, escribió. El caso del préstamo a Cruz Azul navega en otras aguas.

UN FISCAL “SINVERGÜENZA”

La claudicación del Fiscal no sorprende, pero molesta a personajes consultados. “Centeno es un sinvergüenza —dijo Henry Ruiz—. Yo estoy en un movimiento político que se llama Contra la Reelección y el Fraude. Uno de los puntos que sostenemos los ciudadanos que los respaldamos es que hay que condenar de oficio como si fuese un delito de lesa humanidad, perseguible por tratados internacionales, el latrocinio público. Para que eso suceda, además de haber ley, deben haber instituciones poderosas que lo hagan y los funcionarios responder a la ley. En el actual Estado no se responde a la ley. Es un Estado abusivo”.

De acuerdo con Ruiz, la ley en el país es una “metáfora” con una cierta forma técnica que se construye “para justificar las cosas. Daniel Ortega quiere ser Presidente, está buscando cómo hacer leyes con unos socios que están en el pacto y en eso se escudan. Lo que ve usted en el Gobierno no son más que funcionarios que han respondido a las cuotas del pacto Ortega-Alemán”, añadió.

Ruiz dijo que con el caso de Borge y la Policlínica únicamente se ha investigado a uno de los más cercanos a Ortega y adelantó que si se busca entre los otros, “se puede encontrar con casi lo mismo”.

El comandante añadió que debido a las condiciones del país quisiera volver a hacer una Revolución, porque todos los hechos que se ven “frustraron la memoria de quienes lucharon, combatieron y murieron de buena fe por ese proyecto. Lo que intentamos con Herty Lewites (ex Alcalde de Managua ya fallecido, que fue candidato presidencial) es tratar de recuperar esa memoria que tiene además de un fondo político, una conducta ética potente”, añadió.

Ruiz sostuvo que en la actualidad se sigue distribuyendo la riqueza de manera desigual y los beneficiados son esta nueva oligarquía cercana al Presidente, entre ellos Borge y Valle Dávila que sacó un reloj Rolex para demostrar que su familia tenía tanto dinero como las más acaudaladas del país al ofrecer explicaciones a LA PRENSA sobre el préstamo que dijo que había pagado sin ofrecer pruebas al respecto.

LA SITUACIÓN DEL JUBILADO

Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), se sumó a las voces que lamentan los beneficios prodigados a estos funcionarios y la triste realidad de los jubilados.

En este último trimestre, el Cenidh ha llevado 11 casos de ancianos que piden al INSS que les pague una pensión para poder sobrevivir.

“Históricamente los gobiernos no han respetado el Seguro Social. Lo han tomado como caja chica, no solamente para sus campañas personales, sino para sus negocios. Lo que indigna es que es una traición más del pueblo de Nicaragua de quien se pensaba que iba a tener un comportamiento distinto con recursos estatales”, dijo.

Todavía (el FSLN) se llena la boca criticando a los gobiernos corruptos y ellos que supuestamente podrían haber tenido otro comportamiento han salido aumentados y corregidos sus desmanes y abusos. Es una dosis de cinismo total”, añadió Núñez de Escorcia.

Para la activista de derechos humanos, el caso del préstamo es un “despojo al sudor y sangre de tantos trabajadores que han cotizado en el INSS para vivir una vejez con un poco de tranquilidad, a pesar que las pensiones que pagan son miserables”.

Núñez de Escorcia lamentó también el caso de Valle Dávila y su reloj. “Es mediocridad decir que es rico, porque tiene un Rolex”. Para ella es atroz haberle metido la mano a la bolsa a los ancianos que mendigan en la calle para comer.

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