La sanción de suspensión de sus labores que le fue aplicada a la juez Décimo de Distrito de lo Penal de Juicio, Ana Justina Molina, aparentemente fue en respuesta a un informe que ella presentó en junio pasado, a través del cual cuestionó el proyecto de despacho judicial, y porque también se opuso a cumplir pretensiones de la Procuraduría General de la República (PGR), de violentar el principio de legalidad en un caso relacionado con crimen organizado.
El caso de la PGR, que le costó una queja ante sus superiores, está relacionado con el expediente judicial al cual señala Molina que “se le dio tramitación compleja” y en el que se acusaba por narcotráfico a Frank Oviedo Fuentes, junto a otras seis personas, por los delitos de lavado de dinero, o activos, transporte ilegal de estupefacientes , crimen organizado y portación y uso ilegal de armas de fuego.
Agrega que esa institución pretendía en ese momento “acusar a ciudadanos nicaragüenses que no habían sido acusados por el Ministerio Público, violentando así el debido proceso, ya que dicha acusación no cumplía el procedimiento establecido en el Código Procesal Penal y, muy por el contrario, violentaba el principio de legalidad y se veía afectada la correcta administración de justicia”.
La juez explicó en su informe que el no admitir la acusación particular autónoma de la PGR, “garantizando la correcta administración de justicia” en ese caso, le costó ser recusada y por tanto debió rendir informes ante el Tribunal de Alzada, lo que le distrajo de sus funciones jurisdiccionales de impartir justicia, pese a la sobrecarga de trabajo en ese despacho.
Según Molina, el Procurador Auxiliar Penal de la causa actuó de forma malintencionada al interponer apelación de hecho en una Sala y recusación en otra, y los magistrados de la Sala Penal Dos dieron lugar a la recusación, “despojándome arbitrariamente de dicho expediente, pues el mismo no fue remitido a este despacho judicial tal como lo establece el procedimiento, sino que fue remitido directamente al Juzgado Segundo de Distrito de lo Penal de Juicio de Managua, violentando el Sistema Nicarao”.
LA SELECTIVIDAD DE ORDICE
Según el informe remitido por Molina el 24 de junio del presente año al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, con copia a los magistrados orteguistas y liberales, en poder de LA PRENSA, éste fue en respuesta a una serie de quejas que le imputaban.
En el mismo la judicial explicó que desde inicios del 2008 a su juzgado fueron remitidos “de forma desequilibrada”, por parte de la Oficina de Distribución de Causas (Ordice), una gran cantidad de expedientes relacionados con hechos sumamente graves, como homicidios, asesinatos, violaciones contra menores, abuso sexual, entre otros.
Esto le provocaba que la jornada laboral se extendiera hasta altas horas de la noche, debido al cúmulo de trabajo, mientras en otros despachos judiciales suspenden sus labores a la 1:00 p.m., explica en su informe la judicial Molina. “Por ello, la razón me indica que el sistema aleatorio no es confiable, ya que si existiera un sorteo transparente (…) a todos los despachos judiciales se les remitiría el mismo tipo de procesos”, expresa la judicial.
Sobre ese tema, el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, a donde recurrió Molina, indica que esto confirmó lo que ese organismo ha denunciado.
MODELO MANIPULABLE
“Hemos sido claros en que este modelo de despacho judicial es fácilmente manipulable por los funcionarios”, sostuvo Carmona.
El defensor de derechos humanos recordó que hay denuncias de abogados, que indican que el modelo sirve para beneficiar a unos o castigar a otros. “Por eso hemos dicho que este modelo debe revisarse” y debe servir para que los cooperantes que han invertido mucho en el mismo pidan explicaciones sobre su aplicación, pues todo hace pensar que este modelo sirve para “prácticas de corrupción, lo que va en detrimento de la ciudadanía”.
Según Carmona, el informe de Molina demuestra que con ese modelo hay una serie de ilegalidades, arbitrariedades, abuso de autoridad y tráfico de influencia.
ELLA SIN CONSERJE Y OTROS HASTA ESCOLTADOS
Las respuestas de la judicial no fueron bien recibidas, no sólo porque cuestionó Ordice y ordenó detención para una defensora pública cuando irrespetó su investidura, sino porque hizo ver a sus superiores que ella es “la única juez de juicio que nunca ha gozado de los privilegios de tener asignado vehículo, conductor y conserje”, por lo que reclamó igual trato.
Esto sucedía pese al tipo de causas “que me son remitidas de forma dolosa por la Ordice, (con las que) constantemente mi vida y mi seguridad se ven en peligro y puedo sufrir cualquier atentado”.
Les hace ver además la diferencia con otras judiciales, ya que hay casos en los que hasta son custodiadas por agentes de las tropas especiales, quienes durante la etapa de ahorro de energía eléctrica una vez que es suspendida en el complejo judicial: “se colocaban en todo el pasillo del pull de juicio, cargaban sus fusiles poniendo bala en boca, sobre todo cuando pasaban frente al despacho de esta judicial, como si los que laboramos en este juzgado fuésemos delincuentes”.
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