Después de 33 años de haber adquirido un cuarto de manzana de terreno en Diriomo, Denis Ortega y Livia Zúñiga, fueron sorprendidos por una resolución emitida por magistrados orteguistas y conjueces en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El fallo fue a favor de una persona que reclama el terreno y que por todo documento presenta una carta aval del delegado municipal del Poder Ciudadano en Diriomo, Carlos Humberto Ruiz.
En parte de la misma, Ruiz señala que el reclamante “es miembro activo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, por tal razón solicito todo el apoyo que le pueda brindar en su gestión legal, en un caso a su favor”. Y la que fue emitida desde julio del 2007, fecha desde cuando los dueños de la propiedad recurrieron de casación a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sin que el caso prosperara, pero que en un tiempo récord la sacaron los magistrados orteguistas junto a los conjueces.
“Significa que en 48 horas dictaron una sentencia y en otras 24 horas el otro fallo, nos están mandando a decir búsquense un puente (para vivir) porque esto es del otro, ¿por qué?, porque así lo decidió el Consejo del Poder Ciudadano”, sostuvo Elton Ortega, hijo de los propietarios del terreno.
Para Elton Ortega con esto se demuestra que ya no necesitan Código Procesal o Código Civil para emitir justicia en el país. Y relató que pese a que su padre adquirió la propiedad desde hace 33 años, Isoé Antonio Gómez Espinoza, hijo del dueño de otro terreno que colinda con la propiedad de ellos, que ha pretendido apropiarse del mismo sin que posea ningún documento.
- La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, adelantó que ese organismo brindará apoyo a todas las acciones similares que les denuncien, “porque no sólo estamos defendiendo los derechos de la víctima, sino el derecho a la institucionalidad y el derecho de acceso a la justicia al que tiene esta gente”.
También lo denunciarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que aunque dijo Núñez no resuelvan el problema, son un mecanismo de presión y dejan en evidencia a un gobierno prácticamente autoritario y dictatorial.
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INSOLENCIA DE LA DICTADURA DE DANIEL ORTEGA
Según los afectados que recurrieron al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), para ellos, Gómez Espinoza desde un inicio ha contado con el apoyo de militantes de ese partido. Primero por un Juez Civil de Distrito de Granada, quien ordenó un desahucio de un comodato precario, cuando nunca les habían demandado y pese a que su progenitor posee escritura.
Después, atribuyen el respaldo brindado por la diputada orteguista de Granada, María Lidia Mejía, y la conjuez Astrid Cruz, una vez que ellos llevaron el caso a casación tras una resolución del Tribunal de Apelaciones que favorecía al orteguista.
Los afectados recurrieron de casación ante la CSJ desde 2007, pero fue en el período irregular de la CSJ provocado por los magistrados del régimen dictatorial de Daniel Ortega que aprovecharon para emitir el ilegal fallo.
El señor Denis Ortega señala que toda esta situación fue efectuada pese a que en 1994 el Juez Civil de Distrito de Granada, Róger Abelardo Pérez Vega, emitió sentencia a través de la cual ordena a Felipe Gómez, padre de Isoé Antonio Gómez, respetar la propiedad del denunciante, quien adquirió la misma al comprarle a la señora Amanda Martínez Altamirano, a quien le canceló pagando en abonos.
Ortega cuenta con todos los documentos de posesión del terreno desde esa fecha. Inicialmente el terreno era de Justa Pastora Peralta, quien le vendió una parte del mismo a Amanda Martínez de Altamirano, quien posteriormente vendió un área a Ortega y a Livia Zúñiga, mientras que otro lote se lo vendió a Felipe Gómez Ramírez, padre de Isoé Gómez Espinoza, dos propiedades diferentes.
La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, aseguró que ésta es la primera denuncia que ese organismo recibe del actuar de “la mala llamada Corte Suprema de Justicia con la integración ilegal de los conjueces, es el inicio de los efectos de inseguridad jurídica que ese actuar está produciendo en contra de la ciudadanía común y corriente”.
Y manifestó que con esto el presidente Daniel Ortega “no tiene necesidad de recurrir a dictar decretos de confiscación, si ya ha encontrado otros métodos que a través de la instrumentalización del Poder Judicial y de sus conjueces y de su mal llamada Corte Suprema de Justicia lo puede hacer”.
Lo peor, según la presidenta del Cenidh, es que una persona duerme en su casa y a la mañana siguiente ya no le pertenece.
“Aquí queda en evidencia que en primer lugar la intromisión de los Consejos del Poder Ciudadano (…) dan una orden de cómo debían dictar sentencia. Además, la fecha que tiene la mal llamada sentencia queda en evidencia los cálculos que hicieron para resolver (sobre recurso de reposición) antes que los magistrados liberales se reintegraran (…) porque tengo en mi poder copia oficial del acuerdo de la integración de los magistrados liberales a las 12 del día del 12 de octubre”, sostuvo Núñez.
La defensora de derechos humanos consideró esa resolución como “una barbarie jurídica” y la que consideró fue en base a cálculos efectuados por los orteguistas para despojar a la familia Ortega de su propiedad.
OTRA PERLA DE MAGISTRADA ORTEGUISTA RAMOS
Núñez dijo que la familia Ortega seguirá luchando porque no se cumpla lo que anunció la magistrada orteguista Alba Luz Ramos, de que todos los casos son cosa juzgada.
“¿Cómo es posible que los liberales estén aceptando que les digan eso? aquí en el acuerdo ellos firmaron que todo lo dictado tiene efecto de cosa juzgada y que no hay recursos, claro que sí, hay recursos (..) resulta que existe el recurso de nulidad perpetua, que hay que analizarlo bien y se puede interponer (…) el nombre de perpetua, lo vamos a estudiar a fondo”.
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