Roberto Atha, secretario de la Cámara de Ingenieros y Arquitectos (CIAC), afirma que su organización rechaza el dictamen de la Ley de Contrataciones del Estado.
Reclama al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) por haber dejado por fuera las recomendaciones que la CIAC hizo en su momento, porque afirma que no fueron incluidas en la propuesta respaldada y aprobada en la Comisión Económica de la Asamblea Nacional.
Atha sostiene que se quiere imponer “un modelo de ley colombiana” en la realidad nicaragüense, dejando en desventaja a las empresas y profesionales nacionales ante los extranjeros.
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El documento aprobado no establece la obligación a los proveedores internacionales, de registrarse como proveedores públicos previamente, para concursar en una licitación de un proyecto pagado con fondos estatales.
“Es una desventaja porque nosotros deberemos estar calificados y registrados, pero vendrá una firma o un ingeniero de maletín, que no sabemos si el título será legítimo, y empieza a ejercer y dirigir una obra. Ya hemos detectado esto en el país y no podemos permitirlo”, advirtió.
Añadió que considera importante que el país cumpla con la condición de sacar la ley, para evitar perder los 42.5 millones de dólares en apoyo presupuestario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pero no acepta una ley que “conserva graves lagunas”.
Otra desventaja del dictamen es que no deja garantías al empresario para defenderse ante un conflicto o impugnación, porque esto lo deja exclusivo para ser resuelto por la Ley de lo Contencioso Administrativo.
“Caemos en ese vacío de justicia que existe en Nicaragua, donde todo proceso no se resuelve en dos semanas o un mes, sino a dos y cuatro años”, enfatizó.
COSEP LA SIGUE DEFENDIENDO
El Cosep sigue defendiendo el dictamen que ayudó a elaborar. Ayer, por medio de un escrito, respondió a las críticas emitidas por Ética y Transparencia.
Si EyT no estuvo en la discusión —señaló el Cosep— fue “por su propia exclusión”, porque no presentaron consideraciones oportunamente.
Sobre el registro de los proveedores externos, indica que se hará conforme los acuerdos comerciales suscritos por Nicaragua, pero éstos “podrán cumplir con ese requisito de manera posterior a la adjudicación del eventual contrato”.
Además, que el control de legalidad que debe ejercer la jurisdicción contenciosa administrativa, no va en detrimento de la jurisdicción constitucional.
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