El Director General de Ingresos, Walter Porras, ha evadido la justicia en una acusación en su contra por los delitos de discriminación y desobediencia, sin que las autoridades judiciales se preocupen por hacerlo comparecer por la fuerza pública.
La Fiscalía ya pidió el pasado 27 de septiembre que se gire la orden de captura en contra del funcionario público, y la víctima del caso, José Thomas Gómez Leiva, ha hecho la misma solicitud en tres ocasiones los días 28 de septiembre y 4 y 12 de octubre de este año.
Pero los jueces que han estado a cargo de la causa en el Juzgado Séptimo Local de lo Penal de Managua, el suplente Enrique William Larios y el titular Henry Morales Morales, se han puesto sordos a las peticiones de la víctima.
Los jueces han actuado con lenidad y uno de ellos, Henry Morales, hasta ordenó que Porras sea asistido por un defensor público porque se declaró escaso de recursos económicos.
Gómez Leiva acusó al Director General de Ingresos, Walter Porras, porque no ha cumplido con órdenes judiciales de reintegrarlo en su puesto de trabajo en la Dirección General de Ingresos (DGI) o de liquidarlo de manera correcta y legal.
El Juzgado Primero del Trabajo de Managua mandó a Porras pagar a Gómez 535 mil córdobas en concepto de liquidación y salarios caídos entre el 22 de noviembre del 2007 y el 3 de marzo del 2009, ya que se rehusó a reintegrarlo.
Porras se ha negado a cumplir todas las órdenes judiciales y tampoco asiste a las citas para audiencias que le han realizado en el Juzgado Séptimo Local Penal de Managua.
El juez Henry Morales dijo ayer que él estuvo fuera del juzgado y regresó recientemente, deslindando la responsabilidad de no atender las solicitudes de orden de captura contra Porras en el juez suplente Enrique William Larios.
El juez Larios dictó un auto el pasado primero de septiembre reprogramando la audiencia del caso que estaba para el 6 de ese mismo mes.
Pero hasta ayer 13 de octubre todavía no se ha realizado esa primera audiencia.
Tanto la víctima como la Fiscalía están a la espera de que se gire la orden de captura en contra del funcionario público.
Una de las maneras en que Porras ha evitado responder ante la justicia es el pedir reprogramación de las audiencias, logrando que los jueces accedan a sus peticiones en tres ocasiones.
Gómez, quien se desempeñó en la DGI como técnico jurídico asesorando a los contribuyentes, recurrió ante el Ministerio Público, que acusó a Porras ante el Juzgado Séptimo Local Penal por desacato, discriminación y desobediencia. El funcionario ha rehusado asistir a las audiencias.
Porras respondió querellando al afectado por injurias y calumnias.
La audiencia a Porras se ha venido reprogramando desde el mes de julio pasado hasta esta fecha, ocasionado un retardo de justicia de casi cinco meses en perjuicio de la víctima, Gómez Leiva, quien además ha sido afectado de manera económica porque fue cesado de su trabajo en la DGI desde noviembre del 2007.
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