Gonzalo Carrión, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), señaló que la muerte del agricultor Gregorio García Blanco es una muestra más de la carente presencia del Estado y sus instituciones en comarcas como El Pavón, Cruz de Río Grande, Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS).
Y es que la Policía Nacional en Bluefields confirmó que la muerte de García Blanco está relacionada con los hechos ocurridos en la vecina finca El Encanto, donde fallecieron tres civiles y un soldado del Ejército resultó gravemente herido en mayo del 2008, en un tiroteo que aún no ha sido aclarado por las autoridades correspondientes.
Gregorio García Blanco fue acusado de ser quien denunció a los cuidadores de El Encanto ante la Policía y el Ejército como abigeos, razón por la cual supuestamente se desencadenaron los hechos en el 2008.
En un baile de denuncias, demandas y contrademandas con los propietarios de El Encanto, Blanco aseguró temer por su vida. Su temor no fue infundado, pues fue asesinado por diez hombres frente a su hijo de 11 años de edad cuando trabajaba en su huerta, el pasado lunes 4 de octubre.
Ésa es una zona que es tierra de nadie, manifestó Carrión, pero consideró que, como un hecho criminal, el Estado debe, por medio de la Policía Nacional, esclarecer a través de una investigación completa y exhaustiva quién o quiénes son los culpables.
“Es un hecho lamentable que debe ser esclarecido, en estos momentos que en esa zona se habla del proyecto energético Tumarín como lo máximo y bueno, las autoridades deben tomar en cuenta la necesidad de los pobladores que habitan la zona de estar seguros y de no permitir que este tipo de asesinatos se continúe dando y que como ocurren en zonas lejanas queden en la impunidad”, opinó Carrión.
Ubicado a 410 kilómetros de Managua, el municipio La Cruz de Río Grande fue reconocido como tal en 1982. Cuenta con una población de 26 mil habitantes, en el año 2001 sólo 895 niños y niñas se integraron a las escuelas.
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