MÉXICO/AFP/EFE
Representantes de 17 gobiernos de América, incluidos los de Estados Unidos y Canadá, analizaron ayer en la capital mexicana medidas de protección a los migrantes ante el aumento de los ataques que reciben del crimen organizado.
México fue escenario de una matanza de 72 inmigrantes de Centro y Suramérica a finales de agosto presuntamente a manos del cártel narcotraficante Los Zetas, que han extendido sus operaciones a países centroamericanos, según autoridades.
El ministro de Gobernación mexicano, Francisco Blake, advirtió en la inauguración de esta reunión que el tráfico de personas y el secuestro y extorsión de migrantes por parte del crimen organizado transnacional está “escalando”.
Desde la masacre de 72 inmigrantes, el Gobierno de México ha mantenido reuniones sobre esta materia con países de Centroamérica, de donde proceden la mayoría de los inmigrantes que transitan por este país hacia Estados Unidos. Un cálculo de la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, divulgado el año pasado, estimó que cerca de 10,000 inmigrantes clandestinos fueron secuestrados en seis meses en México.
La sombra de la masacre en Tamaulipas ha espantado a muchos de los centroamericanos que cruzan México para llegar a Estados Unidos, más temerosos que nunca de las redes de narcotraficantes o de las extorsiones de policías corruptos.
La ocupación del albergue Casa del Migrante San Juan Diego —que acoge a los inmigrantes que saltan en marcha de los trenes de mercancías que pasan por este nudo ferroviario del norte de la capital mexicana— se ha visto en el último mes y medio reducida casi en una cuarta parte, explicó su encargada, Guadalupe Calzada, quien recuerda que tras la masacre apenas llegaron 542 inmigrantes en el último mes, cuando el centro ha llegado a albergar mensualmente a 1,800 personas.
Después de aquella matanza, los inmigrantes emprendían “de diez en diez” la vuelta a sus países desde la Casa del Migrante, ubicada en el barrio de Lechería del central Estado de México, recuerda Calzada.
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