Atrás quedó el pacto entre liberales y sandinistas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que establecía que si había un presidente liberal, el vicepresidente sería sandinista y viceversa.
Este miércoles, en una espuria “Corte Plena” conformada por los seis magistrados orteguistas y los dos ex magistrados Rafael Solís y Armengol Cuadra, eligieron a dos sandinistas, Alba Luz Ramos y Marvin Aguilar, en la presidencia y vicenpresidencia, respectivamente.
“Ésa es una chanchada más de los sandinistas”, dijo el magistrado liberal Manuel Martínez, quien mantiene pláticas informales con el abogado Rafael Solís, para que los liberales se reintegren al trabajo dentro de la Corte Suprema.
Para hacer dicha elección, obviando los votos de los liberales, que no fueron convocados, los orteguistas alegan que son mayoría en la CSJ y que el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley 260, les da la facultad.
LAS EXTRAÑAS MATEMÁTICAS ORTEGUISTAS
Dicho artículo establece que el quórum de Corte Plena se alcanza con la mitad más uno del total de sus miembros.
Los orteguistas sacan su cuenta diciendo que en la Corte existen actualmente 14 magistrados: ellos dicen ser ocho (sumando a los dos que tienen el período vencido) más los seis magistrados liberales, a quienes han apartado ilegalmente de las labores de la CSJ. Pero en realidad son seis orteguistas y dos abogados usurpadores del cargo de magistrados: Solís y Cuadra.
- Los magistrados orteguistas de la CSJ anunciaron que seguirán trabajando con los conjueces en los grupos de trabajo, en las materias Constitucional, Penal, Civil y Contencioso Administrativo.
En sus acuerdos de ayer, los orteguistas también designaron vocalías, siendo la primera para la magistrada Yadira Centeno.
El segundo vocal será Francisco Rosales; el tercero, el abogado usurpador Armengol Cuadra; el cuarto, el abogado usurpador Rafael Solís; el sexto, Ligia Molina y el décimo, Juana Méndez. Las vocalías quinta, séptima, octava, novena, undécima y duodécima se las habrían asignado a los liberales, pero no los mencionaron en los acuerdos.
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Los liberales alegan que la Constitución establece que la CSJ está constituida por 16 magistrados y que por tanto la mayoría para formar Corte Plena es de nueve magistrados, la mitad más uno.
MANIOBRAS CON APELACIONES
Lo que no pudieron hacer los magistrados orteguistas de la CSJ fue reelegir a los 10 magistrados de apelaciones a quienes se les vence su período este próximo 10 de octubre, porque para ello necesitan de las dos terceras partes de lo votos, que según sus cuentas serían los votos de 9.3 magistrados. Para los liberales estas dos terceras partes significarían 12 votos.
Es por eso que los orteguistas se sacaron de “la manga” dos acuerdos en los que trasladan de tribunales a algunos magistrados de apelaciones que siguen con período vigente, mientras que a quienes se les vencieron sus períodos les asignan tareas como si siempre fuesen magistrados.
Por ejemplo, a la magistrada Matha Leiva Ayón, de Estelí, la ubicaron en el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), para integrar la Sala Civil Dos.
Al magistrado de Granada, Norman Miranda, lo integran en el TAM como miembro de la Sala Penal Dos y a la magistrada Ángela Dávila la nombran como presidenta del TAM, en sustitución de Gerardo Rodríguez, a quien se le vence el período.
En el Tribunal de Apelaciones de Masaya, al magistrado Silvio Américo Calderón lo pasan de la Sala Civil a la Sala Penal, y al magistrado Servando Videa, de la Sala Penal a la Civil y también será el presidente de dicho tribunal.
En Chontales, el magistrado Carlos Padilla integrará tanto la Sala Civil como la Penal y será el presidente.
En Matagalpa, el magistrado Mario Esquivel Altamirano será miembro de las Salas Civil y Penal, y además será el presidente de ese tribunal de apelaciones.
La magistrada Ligia Rivas será miembro de las Salas Civil y Penal del Tribunal de Apelaciones de Granada, y también será la presidenta.
En el caso de magistrados a quienes se les vencen sus períodos el próximo 10 de octubre, los magistrados orteguistas decidieron que el magistrado Gerardo Rodríguez sirva en comisión de servicio, gozando del estatus de magistrado, como asesor de la Sala Civil Dos del TAM, como coordinador de los asuntos administrativos de dicho tribunal y de todo el Poder Judicial de Managua, así como supervisor del Nuevo Modelo de Gestión de Despacho Judicial en la capital.
Lo mismo hicieron con otros magistrados de apelaciones a quienes se les vence su período en este mes de octubre. A la magistrada Martha Quezada la nombran como asesora de la Sala Penal Dos del TAM y como docente de la Escuela Judicial.
Y a la magistrada Perla Arróliga, liberal pero ahora que vota con los orteguistas, la ubican como secretaria de la comisión que elabora el nuevo Código Procesal Civil.
ABUSO CON TÍTULOS DE ABOGADOS
Los magistrados orteguistas, abusivamente, se aseguraron que únicamente ellos firmen títulos de abogados y notarios.
En un acuerdo de supuesta Corte Plena, los orteguistas establecieron que una vez que ocho magistrados (léase seis orteguistas y los dos abogados usurpadores) hayan firmado los títulos, con esas firmas será suficiente para que el Secretario y el Oficial Mayor autoricen, registren y entreguen los títulos a los interesados a la mayor brevedad posible.
El acuerdo señala que actualmente la Corte cuenta con catorce magistrados electos (lo correcto es 12) por la Asamblea Nacional y, aplicando el sistema de la mayoría simple, la firma de ocho magistrados tiene plena validez legal y representa una decisión del pleno del Supremo Tribunal para la autorización del ejercicio de la profesión de abogado y notario público.
De esa manera los orteguistas siguen adueñándose del Poder Judicial, aprovechando que han relegado totalmente a los magistrados liberales de manera ilegal.
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