La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) solicitó a los diputados de la Asamblea Nacional profundizar en el contenido de la Ley de Contrataciones del Estado, para que se apruebe con “mesura” y evitar que se incluyan arbitrariedades.
Mediante un comunicado, Amcham instó al Poder Legislativo a “profundizar en la propuesta de Ley , a fin de evitar que por la urgencia con que algunos demandan una nueva ley de contrataciones del Estado se cometan errores que vengan a dañar la promoción de la transparencia en la administración de los fondos públicos”.
El gremio empresarial considera “que en los últimos años el tema de solicitudes de las contrataciones directas y las exclusiones de procedimiento ha superado cualquier lógica de los mismos, invitando a la autoridad pública a impulsar los controles necesarios para evitar que se caiga en actividades que vayan en contra de los intereses del Estado”.
Afirma que este gremio ha participado “decididamente” en las convocatorias promovidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), así como en las comisiones de trabajo que ha creado el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), a través de los cuales “hemos hecho nuestros señalamientos y emitido nuestra opinión sobre temas de forma y fondo para contribuir a una mejor comprensión del tema”.
El proyecto de Ley se encuentra en consulta en la Asamblea Nacional, donde se espera la llegada de un consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para apoyar el proceso de ajuste de esta iniciativa.
La cámara empresarial manifestó que aunque instituciones financieras internacionales han dicho clara y públicamente que es competencia de las autoridades nacionales la aprobación de reformas o de una nueva Ley de Contrataciones del Estado, y se ha señalado que los desembolsos hasta por 42 millones de dólares no están sujetos a la misma, eso “no debe tomarse como pretexto para actuar sin la debida mesura en la Asamblea Nacional”.
NO AUMENTAR LA DISCRECIONALIDAD
Amcham indicó que considera “oportuno el proceso natural de revisión de la legislación nacional” para modernizar las operaciones del Estado, especialmente si las intenciones son fomentar una ágil respuesta de las instituciones del Estado “cuando las necesidades de índole social o de emergencia así lo requieran”.
“Sin embargo, este proceso no debe nunca servir para aumentar la discreción de la autoridad que otorga y fomente situaciones que no abonen a promover la transparencia en dichos procesos”, alertó la cámara empresarial.
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