Por el delito de desacato a sentencia judicial fue denunciado ayer ante el Ministerio Público el Alcalde de Granada, Eulogio Mejía, por parte de 19 ex sindicalistas de la municipalidad.
El secretario de Asuntos Laborales de la Federación Democrática de Servidores Públicos, Álvaro Leiva Sánchez —quien junto a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) brinda acompañamiento a los despedidos— manifestó que existen suficientes méritos para que la Fiscalía remita el caso a los tribunales. Leiva Sánchez aseguró que en este caso se demuestra que hubo discriminación y represalia hacia los trabajadores despedidos.
Leiva Sánchez dijo que al 30 de septiembre la Alcaldía de Granada les adeuda a los despedidos más de cuatro millones de córdobas.
El secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, manifestó que ese organismo ha constatado que hay violación a los derechos laborales, por lo cual brindará acompañamiento “hasta el final”, para que el alcalde de Granada, Eulogio Mejía, les restituya estos derechos a los despedidos.
Los 19 cesanteados recordaron que durante 19 meses han luchado para que se les reconozca sus derechos, y pese a contar con resoluciones de los tribunales de justicia el alcalde Mejía se niega a pagar.
Para hoy la Comisión de Asuntos Laborales de la Asamblea Nacional ha citado a Mejía para que explique todo lo relacionado con este caso.
OTRO CASO
Leiva Sánchez también se refirió al caso del ex trabajador de la Dirección General de Ingresos (DGI), José Tomás Gómez Leiva, donde su titular Walter Porras igualmente se niega a pagarle, pese a que existe una resolución a su favor.
La Fiscalía solicitó la semana pasada ante el Juzgado Séptimo Local Penal se dicte orden de captura en contra de Porras, debido a que ha rehusado presentarse a las audiencias.
Leiva instó al titular de ese juzgado Enrique Larios que sin mayor dilatación, en coordinación con la Policía Nacional, “este funcionario público sea puesto a la orden de los tribunales de justicia para que responda por el desacato a la sentencia judicial dictada a favor de este servidor público”. Asimismo aseguró que, hasta ayer por la tarde, el juez Larios seguía sin pronunciarse sobre la solicitud.
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