La destitución de alcaldes de forma arbitraria, que se traduce en la violación de derechos políticos de los electores; las ilegalidades cometidas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al sustituir a magistrados por conjueces; y la imposición de un cobro de 300 córdobas por la entrega de la cédula de identidad son algunos aspectos de la denuncia contra el gobierno de Daniel Ortega que expondrá el organismo Cejil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este mes.
Marcia Aguiluz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), dijo que la destitución de alcaldes y otros funcionarios edilicios es el resultado de una Ley Electoral “permisiva, ambigua”, que le permite al Consejo Supremo Electoral (CSE) ejercer “un abuso de autoridad” y violentar los derechos de los ciudadanos.
DISCRIMINACIÓN
Sobre la politización de la entrega de la cédula de identidad y el cobro de la misma, Aguiluz dijo que es preocupante que se intente restringir el derecho de los ciudadanos a participar políticamente en un sistema democrático, mediante los procesos electorales.
“En un país como Nicaragua, con los altísimos índices de pobreza que existen, la desigualdad, pues, en realidad no pareciera ni razonable ni lógico ni proporcionado, que se les esté pidiendo una cuota para efectos de acceder a su documento de identidad, cuando realmente hay problemas de satisfacción de necesidades básicas”, opinó Aguiluz.
Calificó de “discriminatorio”, de parte del Poder Electoral, que a la ciudadanía en general se le imponga un cobro para obtener la cédula de identidad, mientras a los funcionarios públicos, afines al partido de Gobierno, se les entrega de manera gratuita.
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