Por Ludwin Loáisiga López y Lucydalia Baca
El presidente de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, dijo ayer que en el año 2009 invirtieron 30 millones de córdobas para la compra de tarjetas de policarbonato, con las cuales se producen las nuevas cédulas de identidad.
De acuerdo con Rivas, quien brindó declaraciones al Canal 12 de televisión, la millonaria inversión fue para “subsidiar” o “beneficiar” a los trabajadores, aunque no precisó cuáles.
El CSE entrega gratuitamente las nuevas cédulas de identidad a los empleados públicos, mientras que al resto de la población le cobra 50 ó 300 córdobas por el nuevo documento.
Con los 30 millones de córdobas se habría entregado 600 mil cédulas, en caso de que se hubiesen cobrado a 50 córdobas cada una. O bien, se pudieron distribuir 100 mil documentos de identidad a un precio de 300 córdobas cada uno. Se estima que en el Estado de Nicaragua hay un poco más de 100 mil empleados.
Expertos en la materia han dicho que el costo de fabricación de las nuevas cédulas es de aproximadamente 70 córdobas, por lo cual se podrían producir 428 mil documentos con los 30 millones de córdobas de los que ayer habló Rivas.
De esa forma, el CSE pudo “subsidiar o beneficiar” a los 100 mil empleados públicos y le habrían sobrado 328 mil cédulas.
“El Consejo Supremo Electoral, el año pasado, hizo un enorme sacrificio con el subsidio o beneficio a los trabajadores, invirtiendo 30 millones de córdobas en tarjetas de policarbonato, con las que se imprimen las nuevas cédulas”, indicó Rivas al Canal 12.
En mayo pasado, el hoy magistrado electoral de facto, José Luis Villavicencio, dijo que tenían financiamiento para fabricar dos millones de nuevas cédulas.
- El magistrado electoral de facto, Roberto Rivas, también dijo al Canal 12 de televisión que podrían convocar a los comicios presidenciales de 2011 en la última semana de octubre.
“Queremos ir con las cartas sobre la mesa”, expresó.
Rivas, quien no ofrece declaraciones a los medios de comunicación independientes, insistió en que los directivos del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade) y de Ética y Transparencia han criticado de antemano al Consejo Supremo Electoral (CSE), por lo cual no serán invitados a acompañar la votación de 2011.
El funcionario de facto reiteró que no habrá observación electoral.
“La palabra observación prácticamente ha desaparecido en todos los tribunales y lo que hay es acompañamiento”, precisó.
El CSE tiene un máximo de ocho solicitudes de nuevos partidos políticos.
Rivas añadió que no tienen ningún recurso del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), por lo cual no se pueden pronunciar sobre ese caso.
El MRS y el Partido Conservador (PC) perdieron sus personerías jurídicas en junio de 2008.
El PC ya recuperó su existencia legal, pero el MRS sigue proscrito por las autoridades.
[/doap_box]
Contrario a Nicaragua, donde el CSE cobra 14 dólares por las nuevas cédulas, en Honduras una empresa privada emite los documentos de identidad por aproximadamente 10 dólares, de acuerdo con información que publicó esta semana el periódico El Heraldo.
ROBERTO RIVAS NO QUIERE SOLTAR LOS MILLONCITOS
Los diputados de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional de Nicaragua dictaminaron un proyecto de ley que garantizaría la gratuidad de las cédulas y anularía el cobro de 50 y 300 córdobas que realiza el CSE.
Rivas sostuvo que si en la Asamblea Nacional se aprueba la reforma a la Ley de Identificación Ciudadana, también debería otorgársele al CSE un monto extraordinario de presupuesto.
“Si ellos legislan en ese sentido y dictaminan y coincide al fin la Asamblea con el dictamen de ley, yo espero que eso venga acompañado con el presupuesto correspondiente”, manifestó.
CSE VIOLA LA CONSTITUCIÓN
El CSE ha sido acusado de violar la Constitución por entregar gratuitamente las nuevas cédulas de identidad a los empleados del Estado y cobrar al resto de ciudadanos.
Además, el presidente de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, Maximino Rodríguez, recordó que el CSE tiene un presupuesto anual, con el cual debería garantizar la entrega gratuita de cédulas de identidad.
“El Consejo Supremo Electoral recibe un porcentaje o una buena cantidad de dinero del presupuesto y proviene de los impuestos que pagan los nicaragüenses, de tal forma que quererle cobrar 300 córdobas a las personas es ilegal, porque la Constitución dice que es la Asamblea Nacional la que tiene esa facultad, indelegable, por lo tanto ningún funcionario puede cobrar un arancel o un tributo a los nicaragüenses”, advirtió Rodríguez, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
CSE DE FACTO
Los magistrados del CSE actúan de facto, pues todos terminaron los cinco años para los cuales fueron electos, pero por una serie de nuevas interpretaciones que han realizado a la Constitución los poderes Ejecutivo y Judicial, los funcionarios de mayor jerarquía en el Poder Electoral y en otros se han mantenido extemporáneamente en sus puestos.
Rodríguez acusó al CSE de realizar una labor que no responde a las exigencias de la población.
“Esta comisión considera que la cédula de identidad, por primera vez y la renovación por vencimiento, debe ser totalmente gratuita y esperamos que el plenario de la Asamblea Nacional así lo confirme, en vista de que los nicaragüenses en general no tienen la capacidad de estarle entregando 300 córdobas a una institución que es la rectora y la que tiene la responsabilidad de entregar el documento de identidad ciudadana”, dijo Rodríguez.
HABÍAN RECIBIDO MILLONARIOS FONDOS
El CSE también es criticado por cobrar 300 córdobas por las nuevas cédulas, ya que recibieron 5.7 millones euros para el proceso de modernización del sistema de cedulación, otorgados por el Gobierno de España mediante un crédito concesional con Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD).
Funcionarios del CSE han argumentado que nunca recibieron dinero en efectivo, sino que gozaron de nuevos equipos, programas de computación y comunicaciones, así como de capacitación de personal.
Los fondos de España habían sido otorgados desde al año 2005, pero fue hasta en mayo de 2010 que se inició con la entrega de nuevas cédulas.
En su momento, el ex magistrado electoral, Silvio Américo Calderón, denunció que el CSE también había logrado fondos de Venezuela, en 2005, para modernizar el proceso de cedulación, aunque no precisó el monto.
EXPERTO FISCAL RUMBO A LA CGR
El especialista en derecho fiscal, Julio Francisco Báez Cortés, participará hoy en la sesión semanal del Consejo Superior de la Contraloría General de la República (CGR).
Báez Cortés solicitó la audiencia para presentar un informe sobre nuevos hallazgos jurídico-técnicos que considera contribuirán a la solución del caso que la CGR lleva a raíz de la denuncia que él mismo interpuso hace unos dos meses, por el cobro “inconstitucional e ilegal” que el CSE ha impuesto por la emisión de las nuevas cédulas.
Báez Cortés también aprovechará para instar a los contralores a emitir una pronta resolución sobre la denuncia, ya que los plazos establecidos por ley han vencido y el pueblo sigue a la espera de una respuesta sobre el cobro que se le sigue imponiendo a la mayoría.
El diputado Eduardo Montealegre ha dicho que si tres millones de nicaragüenses pagaran el mínimo de 50 córdobas por las nuevas cédulas, el CSE se embolsaría 150 millones de córdobas, por lo cual es necesario asegurar la gratuidad de los documentos de identidad.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,3 A
