El Ministerio Público solicitó oficialmente ayer orden de captura y allanamiento por rebeldía en contra del titular de la Dirección General de Ingresos (DGI), Walter Porras.
La solicitud fue efectuada en el Juzgado Séptimo Local Penal de Managua, donde se ventila el caso de desacato a una sentencia judicial a favor de José Tomás Gómez Leiva, que por 17 años trabajó en esa institución estatal, aseguró Álvaro Leiva Sánchez, secretario de asuntos laborales de la Federación Democrática de Asuntos Laborales.
Gómez aseguró que la solicitud de orden de detención y allanamiento que hizo la Fiscalía para cualquier lugar donde Porras se encuentre, la realizó la fiscal auxiliar Sandra Isabel Linarte, ante la resistencia del titular de la DGI de presentarse a las audiencias.
Porras se comprometió ante un Juzgado del Trabajo a pagar la liquidación a Gómez, pero éste lleva tres años esperando a que el titular de la DGI cumpla.
El Juzgado Primero del Trabajo de Managua mandó a Porras pagar a Gómez 535 mil córdobas en concepto de liquidación y salarios caídos entre el 22 de noviembre del 2007 y el 3 de marzo del 2009, ya que se rehusó a reintegrarlo.
Luego Gómez, quien se desempeñó en la DGI como técnico jurídico asesorando a los contribuyentes, recurrió ante el Ministerio Público, que acusó a Porras ante el Juzgado Séptimo Local Penal por desacato, discriminación y desobediencia. El funcionario ha rehusado asistir a las audiencias.
Ayer por cuarta ocasión fue reprogramada la audiencia sobre una acusación que por injurias y calumnias introdujo Porras en contra de Gómez. Tampoco se presentó.
Leiva Sánchez estimó que esta situación no sólo es un desgaste para Gómez, sino “es una forma de chantajearlo y de crear un delito que es inexistente”.
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