La elección de 25 funcionarios de Estado sigue siendo el gran tema pendiente en la Asamblea Nacional, de acuerdo con el más reciente análisis trimestral del organismo Hagamos Democracia.
En su estudio Barómetro Legislativo, la organización registra 15 sesiones ordinarias entre los 91 días que suman los meses de abril, mayo y junio.
En ese período los diputados aprobaron 14 leyes, 12 decretos y dos declaraciones legislativas, según Hagamos Democracia.
La organización recordó que el 20 de abril los opositores dieron trámite a la ley que pretende anular el decretazo presidencial, en una accidentada sesión que se dio en el hotel Holiday Inn, el cual fue cercado por simpatizantes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quienes lanzaron piedras y morteros en contra del edificio.
El decreto presidencial 3-2010 prorrogó ilegalmente en sus cargos a 23 funcionarios de Estado.
Los diputados opositores dictaminaron la iniciativa en la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, pero la junta directiva no la ha enviado a discusión en el plenario.
“Hagamos Democracia sigue insistiendo a los diputados de la Asamblea Nacional que cumplan con su responsabilidad de elegir a los 25 altos cargos pendientes, usando los criterios de idoneidad establecidos en la Constitución Política, avalados por la sociedad civil”, dice la parte medular de su análisis el Barómetro Legislativo.
En el parlamento la elección de los funcionarios de Estado no se ha dado, en parte por un generalizado rechazo a la reelección de varios magistrados de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), en especial de Roberto Rivas Reyes.
El presidente Daniel Ortega emitió el decreto presidencial 3-2010 para mantener en su cargo a Rivas y a otros 22 funcionarios de alto rango; y el presidente del parlamento, el también sandinista René Núñez, resucitó un párrafo del artículo 201 de la Constitución de 1987, según el cual los funcionarios pueden mantenerse en sus cargos mientras los diputados no elijan a sus sucesores.
Por otro lado, Hagamos Democracia aplaudió la aprobación de la Ley del Adulto Mayor; Comités de Agua Potable y Saneamiento; y reforma a la Ley de Protección y Promoción de la Obra, Bienes e Imagen del poeta Rubén Darío, durante el segundo trimestre del año.
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