La Central Sandinista de Trabajadores (CST) José Benito Escobar, nicaragüenses que viven en Costa Rica y la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios del parlamento, exigen que la emisión de cédulas a través de los consulados, como estipula la Ley de Identificación Ciudadana desde hace 17 años, sea una prioridad para el Estado, ya que de eso depende la calidad de vida de miles de compatriotas residentes en el exterior.
Reconocen que el esfuerzo de la Cancillería de la República, de emitir un carné consular para identificar a quienes no poseen cédula o pasaporte, es meritorio, pero no suficiente porque el mismo no es aceptado para tramitar el pasaporte y, en consecuencia, no permite regularizar la situación migratoria.
Otra acción que consideran urgente es la modernización del Registro Nacional de las Personas, porque gran parte de los nicaragüenses que viven en el exterior carece de partida de nacimiento.
“La emisión de las cédulas e ir a requerirlas a los consulados es impostergable. Es una prioridad que se debe y se puede resolver a lo inmediato”, enfatizó Agustín Jarquín Anaya, diputado aliado del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y presidente de la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios de la Asamblea Nacional.
Para el diputado Jarquín, la falta de cumplimiento por parte del Consejo Supremo Electoral (CSE) del artículo 2 de la Ley de Identificación Ciudadana, que desde 1993 estableció la emisión de la cédula a través de los consulados, condena a miles, quizás millones de nicaragüenses a no tener acceso a beneficios sociales y ser objeto de abusos.
A LO QUE ESTÁN EXPUESTOS SIN CÉDULA
La falta de la cédula o partida de nacimiento para regularizar la situación migratoria impide que estos ciudadanos tengan acceso a servicios de salud, educación y vivienda digna. También los expone a la explotación laboral.
“Como no tienen papeles, no pueden reclamar un salario digno o prestaciones sociales. Si les quedan debiendo no pueden hacer reclamos por la vía judicial, aunque la ley lo permite, pero el temor a identificarse y a ser deportados se los impide”, dijo Jarquín.
Por su parte el secretario general de la CST, Luis Barboza, señala que las leyes ya existen, por tanto lo que se necesita es hacerlas efectivas y eliminar trabas para mejorar las condiciones de vida de miles de nicaragüenses que viven fuera del país.
Especialmente en Costa Rica, El Salvador y Panamá, donde aportan a la economía y cultura de esos países, sin dejar de ayudar a la economía nacional.
- Para Luis Barboza, secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores José Benito Escobar (CST), el arancel de 300 córdobas que el Consejo Supremo Electoral (CSE) cobra por la emisión de la nueva cédula de identidad debería ser revisado, ya que una licencia de conducir similar a la cédula cuesta solamente 150 córdobas.
Pero el costo debería estar de acuerdo con los estatus. Un jubilado debe tener consideración especial, lo mismo el obrero. No podemos tratar igual a un banquero que a un obrero de la construcción. Debería haber precios diferenciados en la cédula y hasta en la alimentación porque un magistrado, un diputado y todo funcionario público compra al mismo precio que los obreros que ganamos una miseria, dice Barboza.
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Para Gerardo Sánchez, representante de la Confederación Solidaridad, el problema radica en la falta de interés del CSE, ya que en el caso de Costa Rica, la nueva ley estableció un período de gracia para permitir la legalización de los compatriotas, pero la falta de interés de las autoridades locales no han contribuido para que las personas tengan acceso a su documento de identidad y puedan realizar el trámite.
Según Sánchez, unos 240 mil nicaragüenses ya legalizaron su situación migratoria en Costa Rica y se registran unos 130 mil hijos de nicaragüenses nacido allá. Pero se estima que otra cantidad grande podría estar sin documentos.
PIDEN QUE TEMA SE DISCUTA EN REUNIÓN BINACIONAL
Ayer con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert se desarrolló la cuarta mesa de trabajo conjunta de los sindicatos.
La CST junto a la Confederación Solidaridad con sede en Costa Rica y el diputado Jarquín, en representación de la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios de la Asamblea Nacional, acordaron gestionar ante el gobierno del presidente Daniel Ortega incluir el tema de la regularización migratoria de los nicaragüenses que viven en Costa Rica, en la agenda de trabajo de la reunión de la Comisión Binacional prevista para noviembre.
Barboza agregó que también visitarán a los funcionarios del CSE para plantearle sus objetivos, ya que en la reunión de ayer estaba prevista la participación de un funcionario de dicha institución, pero no asistió.
QUIEREN SERVIGOBEN COSTA RICA
Para Jarquín, una medida efectiva podría ser la inmediata instalación en la Embajada y consulados nicaragüenses en Costa Rica, de oficinas de Servigob, similar a la que existe en Managua. Ahí se puede solicitar partidas de nacimiento, récords de policía, cédula, pasaporte, realizar trámites del Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS) y otros.
“Eso es urgente. Indispensable. Además es una propuesta que hacen instituciones costarricenses y también la hace la Comisión de Población de la Asamblea Nacional. Ya la presentamos al Gobierno. Se la presentamos a la Corte Centroamericana de Justicia que tiene que intervenir en esto y al Consejo Supremo Electoral”, afirma Jarquín.
Según el diputado Jarquín, algunos funcionarios señalaron que el Tratado de Viena impedía hacerlo. Pero de acuerdo con los análisis jurídicos que realizaron, llegaron a la conclusión de que no existe impedimento para instalar la dependencia.
“Es posible hacerlo porque el lugar donde están instalados los consulados y Embajadas es territorio soberano de Nicaragua”, indica Jarquín.
La instalación de esta oficina facilitaría la puesta en marcha de un proyecto que gestiona la CST para que los trabajadores nicaragüenses que cotizan a la Seguridad Social en Costa Rica, al momento de volver a Nicaragua se le puedan trasladar esas cotizaciones para que puedan recibir su pensión.
“Ésa sería una gran labor que nosotros le vamos a recomendar al Gobierno para beneficiar a miles de trabajadores que van y regresan al país”, explicó Barboza.
Gerardo Sánchez, representante de la Confederación Solidaridad, afirma que al tema no se le puede seguir dando largas porque cuando se venza el período de gracia para regularizar la situación migratoria, los que no logren hacer el trámite según la ley deberán pagar 100 dólares de multa.
Además, considera que el Gobierno está obligado a establecer como política de Estado una política migratoria. Considera que un Plan de Retorno podría ayudar a miles que quieren regresar.
Sánchez aprovechó para expresar su queja por el cobro de un dólar que la municipalidad de Rivas hace a cada ciudadano que ingresa al país vía Peñas Blancas, incluidos los nicaragüenses, ya que son miles los que pagan ese impuesto desde hace varios años y las condiciones de infraestructura y salubridad de la oficina de la aduana en la localidad cada día están peores.
DISMINUIR COSTOS
El diputado Jarquín señala que otro tema en el que debe trabajarse es en la disminución de los costos del proceso de legalización del estatus migratorio, ya que los nicaragüenses que viven en Costa Rica necesitan entre 800 y mil dólares para el trámite.
Anunció que de momento el viceministro de gobernación de Costa Rica, Mario Zamora, se comprometió en una reunión que sostuvieron hace dos semanas a eliminar, a través de una disposición administrativa, el cobro de los 200 dólares por el cambio de categoría migratoria.
En dicho encuentro también se mostró flexibilidad en cuanto a no establecer el fin de año como fecha máxima para realizar el trámite de legalización. Sin embargo considera que las autoridades nicaragüenses deben actuar de inmediato para evitar que ese plazo se venza y afecte a los nicaragüenses.
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