Agustín Jarquín Anaya, presidente de la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios, cuestionó una vez más la “diligente” actuación del Consejo Supremo Electoral (CSE), en la destitución de funcionarios públicos, sin cumplir con lo establecido en la Constitución y Leyes de la República.
El señalamiento de Jarquín se basa en la decisión del Poder Electoral, de confirmar la destitución del vicealcalde de San Sebastián de Yalí, Carmen Alexis Castilblanco, el pasado 5 de agosto, a pesar que el Concejo de Yalí había revertido la decisión tomada por sus miembros en días anteriores, bajo el argumento de incumplir con las asignaciones encomendadas a su cargo.
“Lo que vemos es una diligencia en el Consejo Electoral digna de mejor causa, porque eso ya le establece nulidad al proceso que tomó, y tanto la decisión de decir, esto yo lo reconozco o no lo reconozco, el Consejo actúa como si fuera palabra de Dios y no está investido de la autoridad ni de la competencia para esa decisión que claramente es nula de origen”, apuntó Jarquín Anaya.
El parlamentario expresó que posiblemente ese tema pueda ser retomado por la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios, el que se sumaría a los que indagaron entre ellos en Boaco, con la destitución de Hugo Barquero.
Asimismo, el presidente de la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios espera que a finales del presente mes la resolución sobre la investigación que se realizó en torno a la destitución de al menos siete funcionarios edilicios, entre alcaldes, vicealcaldes y secretarios municipales, sea sometida ante el plenario para su aprobación, y que la misma sea respaldada por unanimidad, aunque la bancada del Gobierno ha preferido mantenerse al margen de esa situación.
“Pero si no por mayoría, porque el informe francamente está bien hecho, en términos de que es objetivo, emite juicios de valor, no tiene consideraciones de orden político partidario y claramente establece que los procesos que se siguieron, tanto en los concejos municipales como a nivel del Poder Electoral, fueron totalmente anómalos”, precisó el parlamentario.
Recordó que a pesar de que la resolución no es vinculante, de ser aprobada, la misma debe ser atendida por las instancias involucradas, debido a las irregularidades que se cometieron al no respetar los procedimientos y tiempos establecidos en los distintos cuerpos legales, por lo que deberán mejorar esa situación, por estar viciado de nulidad las destituciones de los funcionarios edilicios.
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