Representantes de varias organizaciones civiles se reunieron ayer en Tipitapa, para definir una agenda de trabajo donde incluyen al menos diez puntos que presentarán la próxima semana al Gobierno central, con el objetivo de buscar soluciones a una serie de demandas.
Estas organizaciones decidieron unirse bajo el nombre de Alianza para la Defensa de los Derechos Constitucionales.
Ricardo Osejo, promotor de los derechos de los consumidores, destacó que dentro del paquete de demandas está una propuesta para revisión de deudas que tienen varios productores con bancos y financieras del país.
Así como la aprobación de la ley de tarjetas de crédito y la nacionalización de los servicios energéticos, para abaratar los costos de la energía en el país.
Osejo dijo que el Gobierno debe hacer más esfuerzos para promover la generación de energía barata y limpia.
Afirmó que, como alianza de consumidores, están proponiendo que entre los usuarios de menor consumo se promuevan proyectos específicos que garanticen el acceso a la energía solar.
“Creemos que entre los consumidores de menos de 150 kilovatios horas mes se puede abrir facilidades para que se instalen en los hogares paneles solares y se consuma energía limpia. Así se dejará de pagar altos costos por el precio de la energía, que en su mayoría es producida con derivados de petróleo”, apuntó.
El promotor mencionó que en el municipio de Tipitapa en muchas ocasiones a los pobladores se les suspende el servicio de energía, cuando deben únicamente una factura y como exigencia del pago de ésta.
Añadió que la alianza que han conformado es una estrategia de desarrollo para lograr beneficios para la población.
FINANCIERAS USURERAS
“Queremos resolver el problema que viene afectando a los productores, quienes son víctimas de instancias financieras que aplican altos intereses a los créditos, cometiendo con ello usura”, agregó.
Osejo señaló que hay un fenómeno que se viene dando entre los empleados públicos, quienes ven embargados su sueldo cuando se retrasan con sus pagos.
“Esta modalidad viene proliferando y es aplicada por el sistema bancario a sus deudores, pero también a los fiadores. Consideramos que se están afectando los derechos de las personas, porque es una medida que se aplica de forma ilegal y atenta en contra de los derechos de los consumidores y las familias”, indicó.
GOBIERNO FACILITADOR
Osejo dijo que esta agenda de trabajo que propondrán es para agilizar medidas que ayuden a solventar estos problemas, por lo que solicitarán al Gobierno ser un “facilitador”.
“Nadie está diciendo que no se quiere honrar las deudas, simplemente lo que queremos es pagar lo justo. También planteamos al Gobierno que es necesario abrir facilidades para obtener créditos, crear más fuentes de trabajo, condiciones para acceso a energía barata. Todos estos planteamientos van en un plan de trabajo completo”, agregó.
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