ACAN-EFE
El embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, Robert Callahan, declaró hoy que la ley SB1070 que criminaliza la inmigración en el Estado de Arizona, «es inconstitucional» y abogó porque la Corte Suprema de Justicia de su país dicte un fallo contra esta legislación.
«Se trata de una ley muy controvertida, el presidente Barack Obama cree que es inconstitucional y mi opinión personal es que estoy completamente de acuerdo con mi presidente», dijo el diplomático norteamericano en un acto público al responder preguntas de periodistas.
Tras aclarar que no es abogado, Callahan señaló que la ley de Arizona «viola un artículo de nuestra Constitución donde dice que las personas son iguales ante la ley».
Anotó que anteayer una Corte de su país dictó un fallo señalando que algunos aspectos de la ley son inconstitucionales, por lo que la policía en Arizona no puede aplicarlos «y eso para mi es buena noticia».
«Eventualmente esa ley va a llegar a la Corte Suprema de Justicia y en este tribunal van a decidir si es o no constitucional», dijo el diplomático norteamericano.
La suspensión provisional de algunos aspectos de la ley, ordenada por una Corte Federal del Distrito de Arizona, impedirá a la policía detener sin una orden de arresto a un individuo bajo sospecha de ser indocumentado o requerir que porte documentación que lo identifique como inmigrante.
También impedirá a las autoridades estatales de Arizona criminalizar el trabajo indocumentado.
La ley de inmigración de Arizona, conocida como SB1070, quedó promulgada por la gobernadora Jay Brewer el pasado abril.
Sus críticos alegan que puede conducir a la discriminación racial, en especial contra la población hispana.
Se calcula que en Arizona hay cerca de 460.000 inmigrantes ilegales, la mayor parte de ellos hispanos. En todo EE.UU, se considera que residen doce millones de indocumentados.
Callahan ofreció sus declaraciones al entregar una donación de su país por 57.000 dólares a la directora general de la Policía de Nicaragua, Aminta Granera, para fortalecer un programa de combate contra el tráfico y consumo de drogas y la violencia, que ejecuta la Dirección de Asuntos Juveniles de la institución.
