EL UNIVERSAL
Caracas, Venezuela
Por considerarlo una violación a los tratados internacionales, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos en Venezuela condenó “rotundamente” el hostigamiento judicial al que están siendo sometidos Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).
En una carta, la instancia formada por la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura expresó su preocupación por la investigación abierta por el Ministerio Público contra las agrupaciones civiles y las denuncias formuladas por el presidente Hugo Chávez, quien acusó a los integrantes de las mismas de recibir financiamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos.
El Observatorio recordó, en su misiva, que el artículo 13 de la Declaración Universal sobre Defensores de Derechos Humanos autoriza a todos los ciudadanos, que se dedican a velar y promover las garantías fundamentales, a solicitar y recibir fondos para alcanzar sus objetivos, siempre que los mismos sean por métodos pacíficos.
Por otro lado, el abogado Hermann Escarrá advirtió que el presidente Chávez buscará “febrilmente” un estado de excepción “de facto y no de derecho”, porque en este último caso “tendría que ser controlado con el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos; es decir, con el control de la ONU y del Sistema Interamericano”.
Citó el atropello a la iglesia, la exhumación de los restos del Libertador Simón Bolívar, la corrupción, los alimentos descompuestos y el mal manejo de los nexos internacionales.
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