Tras el nacimiento sin vida del bebé de la mujer que estaba embarazada y que padece de cáncer con metástasis, conocida como “Amalia”, ha llevado a los representantes del llamado Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico a contemplar la posibilidad de introducir una denuncia en la Policía en contra de las autoridades del Ministerio de Salud y la pareja presidencial.
Bayardo Izabá, director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), explicó que en la denuncia pedirán a la Policía que soliciten al Instituto de Medicina Legal (IML) se le practique una autopsia al bebé fallecido, para que determinen hasta dónde hay responsabilidad del Estado.
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“Y es lo que le vamos a exigir a la Policía Nacional que investigue. Y si hay responsabilidad por parte del Estado, nosotros vamos a exigir a nivel nacional e internacional el resarcimiento que merece “Amalia” por haber sido efectivamente víctima de violación a su derecho humano a la salud, a su derecho humano a estar informada adecuadamente, a su derecho humano a la integridad física”, sostuvo Izabá.
Mayté Ochoa, de ese mismo grupo, dijo por su parte que se violaron muchas cosas de la normativa para el consentimiento informado, pues a “Amalia” las autoridades de Salud únicamente le dijeron que su bebé nacería con bajo peso. Y no se le explicó claramente las opciones que podría tener para recibir un mejor tratamiento ni la posibilidad de muerte de su bebé.
“Desde un primer momento consideramos y en base a las evaluaciones que hacían algunos médicos, la necesidad de que se analizara científicamente el caso de “Amalia” y que si no cabía otra posibilidad que practicarle un aborto terapéutico, eso debía procederse, sin embargo las autoridades gubernamentales como ustedes saben, insistieron en darle un tratamiento”, sostuvo Izabá.
Denunciaron los representantes del grupo que los resultados de los exámenes practicados a “Amalia” ya no se los estaban entregando, “es decir le estaban negando información sobre su situación de salud y el desarrollo del embarazo (…) violándole su derecho humano de acceso de información”, sostuvo Izabá.
En la edición de LA PRENA del pasado 19 de febrero, se publican declaraciones de una hermana de “Amalia”, que demanda al Estado de Nicaragua les permita que a ésta le interrumpieran el embarazo para que pudiese ser sometida a un tratamiento radiactivo para alargar sus probabilidades de vida.
“Estamos pidiendo que a mi hermana se le haga el tratamiento, estamos pidiendo que ese tratamiento sea pronto”, expresó la hermana en esa ocasión.
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