La alcaldesa liberal de San José de los Remates, Marta Sarria, y el alcalde liberal de Camoapa, José Plutarco Hernández, dijeron sentirse amenazados ante una posible destitución.
- El director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Bayardo Izabá, consideró que el país ya vive bajo una dictadura, debido a que todos los poderes y hasta las autoridades policiales responden a ambiciones políticas y personales.
De acuerdo al defensor de los derechos humanos, las destituciones “son parte del proyecto reeleccionista de Daniel Ortega. Esta estrategia de las destituciones va apuntada a garantizar la inconstitucional reelección de Ortega”.
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“Los gobiernos locales estamos siendo gravemente amenazados porque ya hay antecedentes de destituciones totalmente ilegales. Son amenazas concretos. No hay orden jurídico que valga (…). Si no consiguen los votos de los concejales para destituirte, entonces bien pueden destituir a alcaldes y a concejales y poner a un nuevo gobierno al gusto y antojo del sandinismo”, dijo Sarria, quien ayer participó en un foro-debate sobre autonomía municipal, organizado por la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local.
El alcalde de Camoapa también insistió en que las destituciones ilegales en los últimos días han fomentado un caos jurídico en el que no se está respetando la autonomía municipal ni el voto de la ciudadanía.
Hernández también participó en el foro, luego de darle el apoyo al recién destituido alcalde de Boaco, el liberal Hugo Barquero.
DIEZ DESTITUIDOS
Hasta el jueves pasado, la Comisión de Municipios de la Asamblea Nacional registraba un total de ocho destituciones.
La comisión parlamentaria contaba con los expedientes del destituido alcalde sandinista de Dolores, Yader Ramos; el vicealcalde sandinista de Jinotepe, Leonel Rojas; el alcalde liberal de Wiwilí, Octavio Ramos, y su concejal, Antonio Talavera. Posteriormente, el 8 de junio, el Frente Sandinista también destituyó al alcalde Roberto Somoza y a su vicealcaldesa, Juana Cuarezma, ambos autoridades electas en Ciudad Sandino.
En la lista de la comisión también está el caso de Boaco y el de la destituida secretaria del Concejo de Corinto, Miriam Merlo.
Sin embargo, un nuevo recuento del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade) refiere que son diez los funcionarios municipales que han sido destituidos de sus puestos, sin ninguna causal de ley y sin el debido proceso.
Según enumeró Mauricio Zúniga, director ejecutivo del Ipade, a la lista de los destituidos también se debe agregar a Norberto Ruiz, el concejal sandinista que fue sacado de su puesto en León el pasado 31 de diciembre del 2009 y el caso de Benjamín Moreno, el sandinista que fue expulsado del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur el 5 de mayo, también está entre los destituidos.
“De las municipalidades o regiones en donde se ha destituido a autoridades municipales electas, la gran mayoría respondían al Frente Sandinista y sólo tres a la corriente liberal”, indicó Zúniga.
Hasta el momento, los destituidos han recurrido a las instancias pertinentes, sin que se les dé respuesta alguna. Otros, como el de Boaco, ni siquiera ha visto el acta de su destitución. Y, peor aún, Barquero afirma que el acta de juramentación que el CSE hizo al liberal Juan Obando estaba firmada por el magistrado José Córdoba (q.e.p.d.), que para entonces “estaba grave en un hospital”.
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