Pedro Joaquín Chamorro. LA PRENSA/G. FLORES

Destituciones en alcaldías a plenario

La Comisión parlamentaria de Población, Desarrollo y Municipios se reunió oficialmente ayer para analizar los casos de los ocho funcionarios municipales que fueron destituidos entre el 21 de mayo y el 22 de junio de este año.

Por Anne Pérez Rivera y Elizabeth Romero

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“De hoy en adelante esta es la cuna del sandinismo, este mar de gente contradice lo que los liberales venían diciendo, que Boaco era la cuna del liberalismo, y de aquí en adelante nadie nos detendrá en la conquista del triunfo de Daniel Ortega en el 2011”, aseguró el coordinador de los CPC, Manuel Fuertes Toledo, tras concluir la marcha de apoyo a los concejales sandinistas que recientemente destituyeron al alcalde Hugo Barquero.

En el mitin de los sandinistas, el también secretario político abogó por la unidad y la reconciliación.

El secretario del Concejo Municipal, Francisco Mena, quien presidió la concentración sandinista, dijo que el respaldo de los manifestantes que asistieron a la marcha de apoyo les da confianza para seguir adelante y continuar con el principio de hacer obras en beneficio de los pobres.

“La Alcaldía lleva dos días trabajando en completa normalidad, tal es así que hoy se preparó el orden del día para la próxima sesión ordinaria a celebrarse el próximo martes 6 de julio, donde se van a analizar 20 puntos que están pendientes para que el Concejo Municipal decida sobre ellos”, indicó Mena.

Añadió que Barquero es cosa del pasado y que ahora se está escribiendo una nueva página en la historia del municipio de Boaco.

Manifestó que hasta el momento el vicealcalde no se ha logrado escoger; “tenemos que esperar la próxima sesión ordinaria para después convocar a una extraordinaria, pero el vicealcalde en sí no forma parte del Concejo Municipal, porque él se activa hasta que el alcalde le da funciones, o sea que podemos gobernar por unos días sin vicealcalde”.

Sobre los cuestionamientos y señalamientos que lo tildan de traidor, Mena respondió que el PLC lo escogió sabiendo que simpatizaba con la filosofía del Frente Sandinista y que siempre se ha identificado con el Frente Sandinista. “Ellos me nombraron sin consultarme, por eso no he tenido ningún compromiso con el PLC, yo soy libre y sigo siendo libre y sigo siendo fiel al Frente Sandinista”.

Los pobladores de Boaco ven con preocupación la guerra de marchas entre los que respaldan a Barquero y a los sandinistas, que para demostrar su fuerza también salen a las calles. Barquero dijo que el siguiente paso será recurrir de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de una de las regiones autónomas.

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La Comisión parlamentaria de Población, Desarrollo y Municipios se reunió oficialmente ayer para analizar los casos de los ocho funcionarios municipales que fueron destituidos entre el 21 de mayo y el 22 de junio de este año.

Los miembros de la comisión ya adelantaron que se irrespetó el proceso de ley para las destituciones y ya están preparando un dictamen que pasará al plenario del parlamento.

“Las destituciones han sido totalmente violatorias a las leyes nacionales y desde la comisión ya trabajamos un flujograma donde se especifica el mecanismo correcto para tal acción y en ninguno de los casos (de las destituciones) se respetó”, dijo el miembro de la comisión, Pedro Joaquín Chamorro Barrios.

El diputado Javier Vallejo, también miembro de esa comisión, indicó que “las anomalías en las destituciones son evidentes en casos como Wiwilí (donde se destituyó al alcalde liberal Octavio Ramos). Fue ilegal la resolución de ese Concejo porque se incorporó a dos suplentes que no fueron acreditados”.

Vallejo, además, indicó que el área de asesoría jurídica de esa comisión parlamentaria presentará un primer informe del caso de la destitución en Wiwilí, en donde no sólo el alcalde Ramos fue sacado de su puesto, sino también el concejal liberal Ramón Talavera.

Según el informe que discutió la Comisión de Municipios de la Asamblea, ayer por la tarde, en un mes se destituyó también al alcalde sandinista de Dolores, Yader Ramos, y al vicealcalde sandinista de Jinotepe, Leonel Rojas. El primero fue expulsado de su puesto el 21 de mayo y el ahora ex vicealcalde de Jinotepe fue destituido el 26 de mayo pasado.

Dos días después, el 28 de mayo, fue cuando se destituyó a las autoridades de Wiwilí. Posteriormente, el 8 de junio, el Frente Sandinista también destituyó al alcalde Roberto Somoza y a su vicealcaldesa, Juana Cuarezma, ambos autoridades electas en Ciudad Sandino.

Mientras, el 22 de junio se sacó por la fuerza al alcalde liberal de Boaco, Hugo Barquero, y ese mismo día se destituyó a la secretaria del Concejo de Corinto, Miriam Merlo.

“Mañana (hoy viernes 2 de julio) la Comisión de Municipios continuará analizando los casos, pero sabemos que los pasos de ley no se han seguido”, insistió el diputado Chamorro.

El presidente de esa comisión, Agustín Jarquín, ya había adelantado que las destituciones no siguieron el mecanismo de ley porque no se les dio la oportunidad a los destituidos de apelar, tampoco se demostró ninguna sentencia firme de que hayan incurrido en anomalías y no se cumplieron los plazos para las nuevas juramentaciones.

ALCALDE DE WIWILÍ EN CENIDH

El depuesto alcalde de Wiwilí, Octavio Ramos, viajó a Managua para denunciar ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) lo que calificó como anómala y violatoria destitución de la que fue víctima, el pasado 28 de mayo.

Ramos denunció que, contradictoriamente, el Tribunal de Apelaciones de las Segovias el 1 de junio resolvió restituirlo en el cargo, tras un recurso de amparo que interpuso el 31 de mayo, y el 3 del mismo mes esa misma instancia judicial de Estelí revocó la resolución, después que apelaron los concejales sandinistas y los otros dos que se plegaron a éstos para destituirlo.

En su carrera por recuperar el cargo, Ramos recurrió a la Policía acompañado del juez único de la localidad, una vez que el tribunal había resuelto a su favor, pero sostuvo que el comisionado David Jarquín le respondió que él no obedecía al Poder Judicial, sino al Poder Ejecutivo.

El director del Cenidh, Bayardo Izabá, expresó que al igual que ocurrió con el alcalde Hugo Barquero, en Boaco, la metodología empleada por las instituciones del Estado ha sido la misma: acusar a los alcaldes legalmente electos de supuesta malversación de caudales y bajo ese argumento proceder a destituirlos, lo cual es ilegal en ambos casos.

Pero “nosotros no nos hemos vendido al FSLN, y si votamos para destituir a Ramos fue porque no era transparente con los fondos de la Alcaldía y solamente usamos dos votos sandinistas para destituirlo”, respondió por su parte el alcalde designado en Wiwilí, Dennis Quiñónez.

Los orteguistas marcharon ayer por las calles de Boaco, tratando de intimidar a los liberales.
LA PRENSA/A. MARTINEZ

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