La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) demandó al presidente Daniel Ortega el respeto a la Constitución Política de la República al momento de otorgar asilo político a ciudadanos extranjeros. El señalamiento lo hace ese organismo defensor de derechos humanos, cuya directiva es presidida por el Obispo de Estelí, monseñor Juan Abelardo Mata, en el informe correspondiente al primer semestre del año, a través del cual analizan la situación en el país.
La ANPDH señala que este asunto está entre los puntos en archivo que indaga y da seguimiento.
El organismo refiere en su informe que cuando el asilo político es otorgado a un ciudadano extranjero, debe hacerse “por humanidad y persecución, cuando no hay garantías y corre peligro su vida” en el país de origen.
Sin embargo, la ANPDH afirma que los cuatro casos registrados “ponen en entredicho la actitud del gobierno del presidenteDaniel Ortega, ya que cada uno de ellos (los asilados) tiene problemas legales con sus naciones respectivas”.
Para la ANPDH esta situación afecta a los nicaragüenses, pues “nos alcanzan esos delitos por darles apoyo”.
LOS CASOS
En el informe ese organismo hace mención de los casos en que el Gobierno de Ortega ha otorgado refugio en Nicaragua bajo el concepto de asilados.
Por ejemplo, menciona el caso más reciente de asilo a Rubén Darío Granda, hermano del llamado canciller de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Granda.
ACTIVIDADES TERRORISTAS
Rubén Darío Granda pidió asilo político junto con su esposa y un hijo en la embajada de Nicaragua en Colombia, después que fuera detenido por las autoridades colombianas el pasado 6 de abril, en compañía de su cónyuge. Ambos son acusados del delito de financiamiento de actividades terroristas para las FARC.
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Días después un juez colombiano consideró dudosa la legalidad de las pruebas presentadas para acusarlo de financiar y pertenecer a estructuras terroristas, según publicaron los medios de prensa en ese momento.
En LA PRENSA del 1 de junio del presente año se publica una información de la agencia EFE que señala que el nombre de Rubén Darío Granda emergió en documentos guardados en el computador de Luis Edgar Devia, alias “Raúl Reyes”, portavoz internacional de las FARC, abatido en una operación de militares colombianos en territorio ecuatoriano en marzo de 2008.
Rubén Darío Granda, según las autoridades colombianas, sería el encargado de hacer millonarias transacciones financieras con dinero de las FARC, que incluían compra de tierras, centros de recreación y otro tipo de bienes inmuebles.
PRIMEROS ASILOS
El organismo de derechos humanos hace hincapié en que los primeros asilos fueron también otorgados a sospechosas de tener vínculos con las FARC.
En este sentido se refiere a la mexicana Lucía Morett y las colombianas Martha Pérez y Doris Bohórquez Torres, casos que merecieron muchas críticas en su momento.
Las mujeres resultaron heridas en el bombardeo colombiano del 1 de marzo de 2008 a un campamento de las FARC, en las selvas del norte ecuatoriano.
CONFLICTO DIPLOMÁTICO
Es de destacar que este hecho provocó el envío de una nota de protesta de parte del Gobierno colombiano al de Ortega.
El canciller Fernando Araújo señaló en ese momento a la Cancillería nicaragüense que actos como éste “abiertamente afectan la confianza” entre ambos gobiernos.
Ambas son “sospechosas de pertenecer a grupos terroristas”, agregó Araújo en esa ocasión, en relación con las colombianas.
La ANPDH menciona también el caso del líder indígena peruano Alberto Pizango, quien permaneció un año asilado en el país, debido a que tenía cuentas pendientes con la justicia de Perú, tras los hechos de violencia registrados en Bagua el año pasado, que dejaron más de 30 muertos. Pizango regresó a su país, donde fue apresado acusado de sedición, conspiración y rebelión.
Según la ANPDH, por los asilos otorgados por Ortega “se nos ve como un país que acoge al terrorismo, y somos los nicaragüenses los que pagamos a nivel internacional las consecuencias” por acoger a ciudadanos de otras naciones que deberían responder por los delitos que se les acusa en sus países.
El tema de los indultos que se han aprobado en la Asamblea Nacional también fue abordado en el informe semestral de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), el cual considera que el parlamento debe aprobar una ley que establezca los parámetros necesarios, para así asegurar que el detenido cumpla con la ley.
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