Basados en el precepto de que la Constitución Política establece “el control sobre todos los entes gubernamentales”, la dirigencia del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) solicitará a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional que inicie una investigación sobre los abusos cometidos por la magistrada Alba Luz Ramos en el Poder Judicial.
Estiman que la magistrada Ramos, del gobernante Frente Sandinista (FSLN), no tiene las facultades para convocar a Corte Plena, por lo que sus actuaciones son de facto, ya que su situación es la de una “regente” de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no la de una presidenta de ese Poder del Estado.
José Pallais, presidente de la Comisión de Justicia del parlamento, destacó que el Poder Judicial es importante y fundamental para el funcionamiento de la institucionalidad democrática en el país, por lo que se hace imperante impulsar una investigación ante las arbitrariedades cometidas.
“Analizar la información que nos suministren, expresar nuestro criterio sobre esos acontecimientos y censurarlos, políticamente, lo que corresponda tenemos que censurar por estar infringiendo la norma fundamental de la República, que es la Constitución”, acotó Pallais.
El jefe de la bancada liberal, Ramón González, insistió en la necesidad de que el Frente Sandinista se siente a negociar con el resto de fuerzas políticas la elección de los cargos pendientes en Poderes e instituciones del Estado, con el objetivo de destrabar la crisis política, sobre todo en el Poder Judicial, donde consideran se está lesionando la institucionalidad.
“Nicaragua está viviendo un caos ahorita, Nicaragua está siendo violada su Constitución en cadena, día a día, y creemos que la solución sería nombrar las plazas vacantes hasta el momento”, apuntó González.
Una de las propuestas para lograr iniciar un proceso de acercamiento para consensuar la lista de los funcionarios a elegir, es excluir del mismo al Consejo Supremo Electoral (CSE), dado que para el PLC se mantiene vigente el acuerdo de Metrocentro II, donde se comprometieron a no respaldar la reelección de ninguno de los actuales magistrados, por ser cómplices de fraude desde el proceso electoral nacional del 2006, ya que nunca dieron a conocer más del ocho por ciento de los resultados de esa votación.
Arnoldo Alemán informó que enviaron una nueva misiva al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, en el que le informan sobre la crisis institucional.
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