Los magistrados orteguistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) continúan “estudiando” la posibilidad de integrar a conjueces, en caso de que los liberales no asistan a la Corte Plena, la que sería convocada ilegalmente por la primera vocal (que por costumbre ejerce la administración básica del Supremo Tribunal cuando cesan las funciones del presidente y vicepresidente) magistrada Alba Luz Ramos Vanegas.
Sin embargo, esa posibilidad es rechazada por parlamentarios de la oposición, los que afirman que, de implementarse, estarían violentando una vez más las leyes de las República, al cometer nuevas ilegalidades.
El diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), José Pallais Benard, afirmó que las funciones de la magistrada Ramos Vanegas son meramente administrativas.
Ramos Vanegas, entre otras cosas, deberá asegurar el funcionamiento del presupuesto del Poder Judicial, para que éste mantenga sus labores de manera normal, dijo Pallais.
La magistrada Ramos almorzó ayer con todos los magistrados orteguistas, actividad a la que invitó a los ex magistrados Rafael Solís Cerda y Armengol Cuadra, quienes usurpan los cargos que tenían antes, a pesar de que sus períodos se vencieron el 11 de abril pasado.
La magistrada orteguista Ligia Molina explicó que ellos están “estudiando” todas las leyes para ver de qué manera se pueden integrar las cuatro Salas de la CSJ. “Vamos a ver qué hacemos, si deciden no asistir (los liberales a la Corte Plena que convoque Ramos)”, dijo Molina.
La magistrada también confirmó la posibilidad de que Ramos llame a conjueces, pero se está estudiando todavía y no hay una decisión final aún.
“Lo de los conjueces lo estamos estudiando”, expresó Molina, quien señaló que se está escudriñando en la doctrina, indagando qué es lo que se ha hecho en situaciones parecidas y en poderes judiciales de otros países.
El magistrado orteguista Francisco Rosales explicó que con la elección de presidente y vicepresidente no existe problema, porque el artículo 163 de la Constitución Política establece que se puede elegir a dichas autoridades con la “mayoría” de los miembros de la CSJ.
Pero en el caso de las presidencias de las Salas es más complejo y se necesitaría la participación de los magistrados liberales para tomar la decisión, pero estos últimos no se reúnen en Corte Plena con los orteguistas por la presencia de los abogados Rafael Solís Cerda y Armengol Cuadra, quienes no son magistrados.
Rosales aseguró que en estos momentos la CSJ podría funcionar a como lo hacía antes de 1995, cuando todos los magistrados de la Corte resolvían todos los casos, ya fueran estos constitucionales, penales, civiles o de lo contencioso administrativo.
La magistrada orteguista Ligia Molina indicó que lo importante es que las Salas se conformen y se trabaje de manera normal en la CSJ.
Los liberales, como el magistrado Sergio Cuarezma Terán, estiman que las Salas no se conformen todavía, sino hasta que en la Asamblea se completen el número de 16 magistrados judiciales.
Actualmente solo existen 12 magistrados porque se les vencieron los períodos a Solís, Cuadra y el liberal Dámicis Sirias, y por el fallecimiento del magistrado Guillermo Selva.
Los orteguistas estarían apurados por conformar las Salas para legitimar la ilegal resolución que permite al presidente Daniel Ortega ser candidato otra vez en las elecciones presidenciales del 2011.
Otra supuesta resolución judicial que los orteguistas pretenden validar es la que deja válido el decreto 3-2010, con el cual Ortega quiere prorrogar en sus cargos a todas las autoridades de primer nivel de poderes e instituciones del Estado a quienes se les venció o vence su período en este año.
El magistrado liberal Manuel Martínez dejó claro que será ilegal cualquier intento de los orteguistas de conformar Salas solo con votos de ellos.
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Una fuente cercana a los magistrados orteguistas aseguró que éstos no tienen apuros en realizar nombramiento de conjueces, sino que se van a tomar su tiempo y esperar arreglo político en la Asamblea Nacional, para que se elijan los nuevos magistrados judiciales. “La tendencia es que el FSLN no suelte el control de la CSJ”, dijo la fuente.
El ex presidente de la Corte, magistrado liberal Manuel Martínez, en un mensaje a la nación ya había advertido a Ramos de que no puede cometer ilegalidades, como organizar la presidencia y las cuatro Salas de la CSJ sólo con votos orteguistas, o validar documentos como si fueran sentencias que favorecen al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Martínez insistió en que Ramos sólo puede tener control administrativo, pero no jurisdiccional, es decir no puede convocar a ninguna Corte Plena.
En ese mismo sentido, se pronunciaron además del diputado José Pallais el liberal Wilfredo Navarro, quienes recordaron que los períodos de presidente y vicepresidente del Poder Judicial ya vencieron, y por lo tanto, se debe esperar la nueva elección, insistiendo que Ramos sólo tiene funciones administrativas.
“Vulgarmente se dice, muerto el perro, se acabó la rabia, y jamás podría asumir funciones de presidente, cuando están vencidos los cargos, incluso el mismo cargo de ella”, observó Pallais.
Por su parte, el magistrado orteguista Francisco Rosales refutó a Martínez e indicó que el artículo 163 de la Constitución Política es claro en decir que en ausencia tanto del presidente de la Corte como del vicepresidente, la primer vocal, en este caso la magistrado Ramos, asume las funciones de ambos.
Según Rosales, la Constitución no especifica que sólo son las funciones administrativas y que por lo tanto nadie puede interpretar que Ramos no puede asumir las funciones jurisdiccionales del presidente de la Corte.
Rosales opinó que lo primero que se debe discutir en la CSJ es la legalidad del decreto con el cual el presidente Daniel Ortega pretende prorrogar en sus cargos a las autoridades de poderes e instituciones del Estado.
El magistrado orteguista aprovechó para recordar que ya se cumplieron los dos meses de radicado el recurso de conflicto de competencia entre el Ejecutivo y el Legislativo que presentó la diputada sandinista Alba Palacios y, por lo tanto, el decreto de Ortega está vigente.
Rosales eludió responder de que si ya pasaron los dos meses, ningún magistrado de la Corte debería estar devengando salario, a como lo establecen las reformas a la Ley de Amparo.
Los magistrados liberales no reconocen como válido un auto en el que magistrados orteguistas radicaron en la Sala Constitucional el recurso de Palacios.
SE REPARTEN CON“CUCHARA” GRANDE
La Secretaría del Poder Judicial emitió ayer una circular dando a conocer a los demás poderes del Estado y las dependencias de la Corte la manera en que está ahora integrada la CSJ.
La magistrada Ramos aparece en dicha circular como la presidenta y representante legal del Poder Judicial mientras no se elija en Corte Plena a las nuevas autoridades de la CSJ.
Los primeros seis vocales son del orteguismo, lo cual significa que ellos tienen el control del Poder Judicial en estos momentos.
La magistrada Ramos brindará a las 11:00 a.m. de hoy una conferencia de prensa en la que dará a conocer la situación actual de la Corte y desmentirá las noticias de que la CSJ está desintegrada.
El magistrado liberal Sergio Cuarezma Terán reiteró que Ramos sólo puede asumir funciones administrativas, hasta que en la Asamblea Nacional se nombre a los demás magistrados judiciales que hacen falta, y de esa manera se puedan elegir a las nuevas autoridades de la CSJ.
¿RAMOS LLEGA“VOLANDO CABEZA”?
El magistrado Manuel Martínez informó que una de las primeras medidas que está tomando la magistrada Ramos es destituir a la directora de Relaciones Públicas de la CSJ, Nubia Cabezas Otero y poner en su lugar al periodista Roberto Larios, quien actualmente funge como divulgador de los Juzgados de Managua.
Larios ya fue relacionista público de la Corte Suprema de Justicia y en su momento lo democionaron mandándolo a los Juzgados de Managua.
Martínez indicó que los liberales no permitirán que Cabezas sea expulsada de su cargo y que Ramos debe esperar a que las cosas se normalicen en el Poder Judicial.
El diputado Eduardo Montealegre instó una vez más al presidente Daniel Ortega a sentarse a conversar para consensuar la elección de los funcionarios públicos y así evitar que la crisis institucional siga afectando a los Poderes del Estado. Sin embargo, una fuente parlamentaria aseguró que es en lo que menos interés tiene el Frente Sandinista.
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