El boxeador Román “Chocolatito” González no podrá salir del país sin que antes pague casi ocho meses de pensión alimenticia, más cinco por ciento de multa, a Martha Anduray, madre de su hija de seis años, según determinó la juez Primero Distrito de Familia de Managua, María José Arauz.
El “Chocolatito” está obligado a pasarle 10 mil córdobas mensuales (unos 475 dólares) a su hija, pero estaba pidiendo a la juez Arauz le modificara el monto a solo tres mil córdobas (142 dólares aproximadamente) y se comprometía a hacerse cargo de la educación de la niña.
La juez negó rotundamente la solicitud.
- En el año 2008, cuando se implementó el Nuevo Modelo de Despacho Judicial, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en Managua, existían 65 mil casos de familia en trámite en los Juzgados de Nejapa, de los cuales unos 15 mil expedientes eran por demandas de pensión alimenticia o prestación alimentaria, a como también se le conoce a este tipo de juicios.
Marianella García Flores, responsable del Departamento de Implantación del Nuevo Modelo de Despacho Judicial, informó que en todo el año 2009 ingresaron 3,094 causas nuevas de demanda por pensión alimenticia.
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De acuerdo con una nota de prensa emitida por la Red de Mujeres contra la Violencia, el “Chocolatito” no cumple con la pensión alimenticia a su hija desde el mes de noviembre del 2009, cuando el juez Cuarto Distrito de lo Civil de Managua, Néstor Castillo, ordenó que el púgil le pasara una mensualidad de 10 mil córdobas a su niña.
En febrero pasado, el juez suplente Diego Manuel Arana modificó la sentencia del juez Castillo, ordenando al Ministerio de la Familia (Mifamilia) que aceptara al boxeador los tres mil córdobas que dijo era lo único que podía pasarle a su hija.
Pero inmediatamente la juez Arauz anuló la resolución que había dictado su suplente, Diego Manuel Arana, porque no podía modificar la sentencia de los 10 mil córdobas que impuso el juez Castillo.
Ahora la juez Arauz resolvió rechazar rotundamente la solicitud que hizo el “Chocolatito” de modificar la pensión.
ABOGADA DEFENSORA INTRODUCE APELACIÓN
Gladys Rivas Ticay, abogada del boxeador, informó a LA PRENSA que ya apelaron la decisión de la judicial por contradictoria, ya que argumenta su resolución en que no puede modificar la sentencia del Juzgado Cuarto Distrito Civil de Managua, donde se ordenó pagar la pensión alimenticia, pero de todas maneras le hace cambios estableciendo un nuevo horario de visitas para que Román “Chocolatito” González vea a su hija.
La sentencia del Juzgado Cuarto Distrito de lo Civil establecía que el boxeador podía ver a su hija fin de semana de por medio; pero la juez Arauz estableció que ahora puede verla todos los fines de semana, entre las 9:00 a.m. del sábado y las 6:00 p.m. del domingo.
Rivas Ticay aseguró que el boxeador quiere encargarse de la educación de su hija porque actualmente la niña “está en un colegio donde no está recibiendo la mejor educación”.
Según la abogada, Román “Chocolatito” González no tiene la capacidad económica para estar pasando 10 mil córdobas mensuales a la madre de su hija, ya que no tiene salario fijo.
“Máxime que su bebé no gasta los 10 mil córdobas”, dijo Rivas Ticay.
La defensora también anunció que el boxeador pide a la madre que la niña ya no sea afectada por el problema judicial y que tampoco sea manipulada por su progenitora.
Entre tanto, Martha Anduray agradeció el apoyo que le brinda la Red de Mujeres contra la Violencia. Dijo sentirse satisfecha con el fallo de la judicial Arauz.
La Red de Mujeres contra la Violencia instó a todas las mujeres a seguir denunciando todo tipo de abusos, especialmente a padres irresponsables que no quieren cumplir con la manutención de sus hijos.
Román “Chocolatito” González le había cedido a su hija los derechos de la casa que le donara el Presidente de la República, Daniel Ortega, pero luego se retractó y dijo que el inmueble está a nombre de su padre, Luis Alberto González.
El padre del “Chocolatito” explicó que no puede entregar los documentos de la Casa para el Pueblo que fue cedida a su nieta porque es del Estado y él tiene un convenio con el Gobierno que es de 20 años, para que la casa sea propia.
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