El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, reiteró a una delegación del Movimiento por Nicaragua (MpN) que sin la autorización del gobierno de Daniel Ortega no puede aplicar la Carta Democrática Interamericana en este país, para frenar las alteraciones del orden constitucional.
- Durante el diálogo entre representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y representantes de la sociedad civil, con motivo de la 40 Asamblea General de ese organismo realizada esta semana en Lima, Perú, también se abordó el estado de la libertad de expresión y los problemas que enfrentan los medios de comunicación en algunos países de la región.
Zamora entregó pruebas documentales de su denuncia y recibió información de otros países, entre ésta un informe elaborado por varias organizaciones que revela cómo en países como Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina, Nicaragua y Colombia la manipulación de trámites administrativos puede derivar en la cancelación de licencias a emisoras de radio o canales de televisión. Es la nueva modalidad para limitar la libertad de expresión, explicó Zamora.
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Para la delegación del MpN, que se reunió con Insulza durante la Asamblea General de la OEA realizada esta semana en Lima, Perú, el resultado de la gestión fue positivo.
El representante de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de Nicaragua, Julio Icaza Gallard, reiteró a Insulza la petición de invocar la Carta Democrática de la OEA para frenar las alteraciones del orden democrático, surgidas por una serie de violaciones de Ortega a la Constitución y las leyes.
Citó el caso de la “seudosentencia” con que magistrados judiciales al servicio de Ortega intentaron invalidar el mandato constitucional que prohíbe la reelección presidencial después de dos períodos, y el “decretazo” emitido por Ortega prorrogando en sus cargos a un grupo de funcionarios públicos, a pesar de que eso compete únicamente a la Asamblea Nacional.
INSULZA CERRADO
Icaza basó su petición en el artículo 20 de la Carta, que establece que, cuando se produce una alteración del orden constitucional, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente.
En un vídeo de la reunión se pudo ver que Insulza, después de mencionar que ya contestó las peticiones anteriores e insistir en que observar las próximas elecciones podría “ayudar”, reiteró que para visitar el país en función de la Carta Democrática necesita la autorización del Gobierno.
“No tenemos ninguna forma de ir sin la autorización del gobierno. Y aunque yo usara el artículo 20, que a veces sin decirlo, sin decirlo lo uso, es decir pongo en conocimiento del Consejo los problemas que considero que existen, eso llegaría hasta ahí simplemente”, enfatizó Insulza.
Dijo que a menos que se produzca una “ruptura total del orden democrático”, no existe ningún mecanismo para aplicar la Carta Democrática “sin la autorización y el beneplácito el Gobierno”.
Sugirió que quizás deberían hacerse cambios que permitan “definir a priori” los temas que constituyen violaciones a la democracia, o tener la posibilidad de mandar misiones cuando consideren que existe un riesgo o se quiera prevenir algo.
PIDEN UN DEFENSOR DE LA DEMOCRACIA
Insulza sugirió a las organizaciones defensoras de los derechos humanos pedir un dictamen a la Corte Interamericana, para que determine si prohibir que un funcionario se reelija en el cargo viola sus derechos humanos, porque ya son varios los países en los que “por influencia política” los tribunales de justicia declaran que impedir que una persona sea reelecta en un cargo atenta contra los derechos humanos.
Los representantes del MpN sugirieron el nombramiento en la OEA de un relator o defensor de la democracia, para que siga de cerca si los países suscriptores de la Carta cumplen las disposiciones establecidas en ella.
En cuanto a la resistencia de Insulza para no intervenir en la crisis nicaragüense, Julio Icaza y Carlos Tünnermann, del MpN, la atribuyen a diversos factores. Por un lado, a la negativa férrea del gobierno de Ortega de aceptar la intervención de la OEA, que es apoyada por el grupo de países que integran la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba), y a la falta de voluntad o influencias diplomáticas, ya que en esos niveles estas tienen mucho peso.
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