El gobierno del presidente Daniel Ortega evadió ayer responsabilizarse por las agresiones de turbas pro gubernamentales contra activistas de organismos de la sociedad civil y defensores de derechos humanos en Nicaragua, ocurridas en los últimos tres años.
El representante de Nicaragua ante la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, Carlos Robelo Raffone, aseguró ayer ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos que los ataques a los defensores son ejecutados por ciudadanos de una manera individual y no por agentes del Estado.
El Consejo se reunió para conocer las respuestas del Gobierno de Nicaragua a las recomendaciones que ese organismo le hizo en febrero, durante el Examen Periódico Universal (UPR, por sus siglas en inglés) en materia de derechos humanos.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, quien asistió a la sesión en Ginebra con el abogado Mauro Ampié, criticó la respuesta del representante del Estado de Nicaragua, calificándola como “el cinismo más grande”.
El embajador de Ortega olvidó “que son los CPC (Consejos del Poder Ciudadano), que son los grupos de choque organizados con sus propias fuerzas”, los que agreden a otros ciudadanos, reaccionó Núñez, vía telefónica, desde Ginebra.
Los CPC son organizaciones pro gubernamentales, vinculadas al partido de Ortega, el Frente Sandinista (FSLN).
ALGUNOS CASOS
En múltiples ocasiones que los defensores de derechos humanos han sido agredidos, esto ha ocurrido en situaciones de protesta o de reclamos por justicia, para lo cual el partido de Gobierno ha sacado a sus grupos de choque y atacado a los miembros de la sociedad civil crítica.
Entre los casos destacan el ocurrido el 16 de octubre del 2008, cuando agredieron a un equipo del Cenidh, del que era parte Núñez. Un grupo de choque los asedió frente a la Fiscalía y los agredió cuando los miembros del Cenidh brindaban acompañamiento a gente de otros organismos y movimientos sociales que “de forma infundada estaban siendo investigados”.
En esa ocasión las turbas incluso robaron una cámara fotográfica propiedad del Cenidh, al periodista Héctor Calero.
El 14 de agosto del año pasado, en las inmediaciones de la Catedral Metropolitana de Managua, más de 21 personas de la Coordinadora Civil resultaron lesionadas cuando, luego de celebrar su asamblea general, quisieron marchar hacia la iglesia Catedral para presenciar un festival artístico organizado para clausurar su evento.
Ellos fueron agredidos por unas 200 personas organizadas como fuerza de choque o turbas. Uno de los lesionados fue el periodista Mario Sánchez, vocero de la CC.
En noviembre del 2009, la activista de la Coordinadora Civil, Leonor Martínez, fue agredida cerca de su casa en el barrio 3-80, por activistas del partido FSLN; uno de los agresores fue identificado como trabajador de la Alcaldía de Managua, Félix Armando Tercero Arróliga, alias “El Gato”.
Los Estados hicieron las recomendaciones durante el Examen Periódico Universal del estado de los derechos humanos en Nicaragua, ante Naciones Unidas.
En tanto la prohibición del aborto permanezca, las víctimas de violación e incesto muchas de ellas niñas son obligadas a dar a luz o poner en riesgo su salud y ser llevadas a prisión, si buscan el aborto ilegal, indica parte de la publicación de Amnistía Internacional. Otra consecuencia de la prohibición total del aborto es que los profesionales médicos, con miedo de ser acusados, retrasan o deniegan tratamientos médicos para salvar las vidas de las mujeres y niñas, afirma Amnistía Internacional.
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Entre las preocupaciones manifestadas por distintos Estados el 8 de febrero pasado en Ginebra, destacaron las denuncias de actos de violencia de activistas orteguistas contra defensores de los derechos humanos, periodistas, miembros de la sociedad civil y de los partidos de oposición.
También señalaron la censura contra los medios de comunicación independientes, e instaron al gobierno de Ortega a garantizar el derecho a la libre expresión, a la libertad de opinión, de manifestación, de asociación y de acceso a la información pública.
Algunas delegaciones diplomáticas pidieron al gobierno de Ortega reconocer públicamente la labor de los defensores de los derechos humanos, protegerlos de todos los actos de agresión e investigar y juzgar a los responsables de tales actos.
Posteriormente, el 10 de febrero del 2010, durante la reunión de adopción del Informe, el Estado de Nicaragua aceptó 68 de las recomendaciones que le hicieron y se comprometió a examinar las 41 recomendaciones restantes antes de finales de junio del 2010, cuando el Informe será adoptado formalmente por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
NUEVAS AMENAZAS
Núñez dijo ayer que el comportamiento del gobierno de Ortega en el Consejo de Derechos Humanos “no es nada alentador para el país, más bien es concretamente preocupante”.
Para la presidenta del Cenidh, esto puede agravar la situación del país porque hay una amenaza contra todo lo que es sociedad civil.
Aunque el embajador Robelo dijo que la sociedad civil puede actuar libremente en Nicaragua, también indicó que el gobierno de Ortega “no está dispuesto a permitir que organizaciones extranjeras actúen en Nicaragua porque es una cuestión de soberanía”.
A criterio de Núñez, en esto el gobierno de Ortega incluye a las misiones que puedan arribar al país, de organizaciones defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional y Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
“Prácticamente se están adelantando a prohibir la observación electoral internacional, de organizaciones no gubernamentales como por decir el Centro Carter”, señaló la presidenta del Cenidh.
Núñez no descarta que en esto el Gobierno esté incluyendo a las agencias de cooperación, porque aún está pendiente el famoso manual con el que han querido amenazar a las organizaciones no gubernamentales internacionales.
Según Azalea Solís Román, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), quien también asistió a la sesión, Robelo aseguró que no existe intimidación hacia la sociedad civil porque la Constitución Política garantiza la libertad de pensamiento de todas las personas, y el gobierno de Ortega garantiza el derecho de todas las personas que están protegidas sin hacer ningún distingo.
Robelo alegó que la Corte Suprema de Justicia es independiente, porque así está garantizado en la Constitución Política de la República, que establece expresamente la separación de los poderes y la independencia de los jueces, indicó Solís.
Mencionó que el Estado de Nicaragua ratificó el convenio 169, pero el Protocolo de la CEDAW, vinculado a la violencia contra las mujeres, y el Tribunal Penal Internacional no podían ratificarlos porque significaban mayores erogaciones financieras.
PENALIZACIÓN DEL ABORTO
Con relación a la penalización total del aborto, el representante del Estado indicó que Nicaragua respeta al non nato y que en todo caso, lo que cabe es respetar una decisión que corresponde a la Asamblea Nacional y principalmente al ejercicio de la soberanía del país.
Manifestó Robelo que el Estado de Nicaragua tiene como estrategia atender la problemática derivada de la salud sexual y reproductiva, para evitar los embarazos de alto riesgo y los no deseados.
Después de la presentación del representante del Estado nicaragüense, los representantes de 10 países hicieron comentarios, entre ellos Cuba, Argelia, Venezuela y Bolivia, que hablaron de lo que consideran avances notables en derechos humanos del gobierno de Ortega, indicó Solís.
En el turno a las organizaciones no gubernamentales intervinieron Núñez, Solís y representantes de las organizaciones Amnistía Internacional y Asociación Canadá para la Población y el Desarrollo. El planteamiento general de todas las organizaciones no gubernamentales giró en torno a la prohibición total del aborto en todas las circunstancias.
En su intervención, Núñez señaló que el Estado de Nicaragua no ha mostrado un cambio de actitud para implementar las recomendaciones aceptadas en el proceso del Examen Periódico Universal. Por el contrario, dijo la presidenta del Cenidh, el poco transparente proceso electoral del 2008, que concluyó con el fraude electoral municipal, continuó en las elecciones regionales de marzo del 2010 y amenaza la legitimidad de los comicios generales del 2011.
Núñez hizo referencias al ilegal decreto del 9 de enero del presente año, dictado por Ortega, que pretende mantener en sus cargos a ex magistrados del Consejo Supremo Electoral cuyo período ya venció.
Solís resaltó que el sistema de justicia ha colapsado y la Presidencia de la República no respeta la separación de poderes, las atribuciones de la Asamblea Nacional ni la supremacía constitucional.
Ver en la versión impresa las páginas: 3 A ,1 A
