Wendy Álvarez Hidalgo
El presidente Daniel Ortega solicitó ayer respaldo a los empresarios nicaragüenses para “disolver la Asamblea Nacional e instaurar en el país un nuevo sistema de gobierno popular”, según afirmó anoche el asesor para Asuntos Económicos de la Presidencia, Bayardo Arce, luego de salir de una reunión con la empresa privada en el Incae.
Arce manifestó que Ortega dijo a los empresarios que “si el Cosep (Consejo Superior de la Empresa Privada) lo apoyaba, él está dispuesto a disolver la Asamblea Nacional y organizar una legislación con representantes de todos los sectores, como fue el Consejo de Estado”, cuya estructura funcionó en los años ochenta.
El asesor económico aseguró que Ortega instauraría un sistema de gobierno similar al de los ochenta, cuyo Consejo de Estado estaba integrado por representantes empresariales, sindicalistas, religiosos, e indígenas.
Insistió en que Ortega manifestó a los empresarios que aplicaría esa medida “si ustedes (los empresarios) me respaldan, sino a seguir viviendo en la institucionalidad del país que es la de los partidos, obviamente hay que perfeccionarla y mejorarla”, apuntó Arce.
El problema, según Arce, es que el sistema funciona a base de las decisiones y vaivenes de los partidos políticos y esto, según Ortega, obstaculiza el proceso de estabilidad institucional en el país.
Arce afirmó que Ortega se reunirá la próxima semana con el diputado conservador Alejandro Bolaños Davis y que mantiene constantes comunicaciones con el ex presidente Arnoldo Alemán y con el diputado Eduardo Montealegre.
“El presidente Ortega hizo ver a los empresarios que desgraciadamente el sistema (político) del país está basado en los partidos políticos y aquí seguirá dándose la dinámica mientras no cambie el sistema político de entendimiento entre los partidos”, afirmó Bayardo Arce.
Desde que asumió las riendas del país, Ortega ha violentando en reiteradas ocasiones la Constitución Política. La última vez que lo hizo ordenó ilegalmente mediante un decreto la prórroga en sus cargos a 25 funcionarios públicos.