Madrid/ AFP
El juez español Baltasar Garzón, que logró acorralar a Augusto Pinochet y a otros ex represores sudamericanos, se ve ahora sentado en el banquillo de los acusados en su propio país por haber intentado investigar los crímenes del franquismo.
La decisión de un magistrado del Tribunal Supremo de juzgarlo por haber intentado investigar esos crímenes sin tener competencia para ello y obviando una ley de amnistía general de 1977 ha acabado por poner fin temporalmente a su carrera como juez.
Una suspensión temporal, decidida ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que podría convertirse en definitiva si es declarado culpable de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es) y acabar con la carrera en la judicatura de este pionero y ardiente defensor de la “justicia universal”.
APLAUDIDO Y RECHAZADO
Garzón, de 54 años, de cabello entrecano y trajes impecables, volvió a demostrar el viernes su facilidad para causar emociones al abandonar la Audiencia Nacional (principal instancia penal española), a la que llegó en 1988, entre los aplausos de sus partidarios, tan acérrimos como sus detractores.
Mientras los primeros defienden a capa y espada su dedicación, sus detractores le describen como una estrella, más preocupado por salir en la primera página de los diarios que por el buen fundamento jurídico sus instrucciones.
Su decisión, el 17 de octubre de 2008 —diez años después de pedir la detención en Londres de Augusto Pinochet por crímenes de lesa humanidad— de abrir la primera instrucción sobre los “crímenes contra la humanidad” del franquismo, ha acabado por volverse contra él.
Esta investigación sobre el franquismo, aplaudida por las familias de las víctimas y algunos historiadores, también suscitó numerosos rechazos.
La derecha y los medios conservadores en España lo acusaron de reabrir inútilmente viejas heridas, mientras que la Fiscalía le reprochó haber lanzado una “inquisición general” basada sobre un castillo de naipes jurídico, hasta que finalmente tiró la toalla.
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