El edificio de la Asamblea Nacional sería otra vez el agitado epicentro de la batalla política, la próxima semana. Ayer los diputados opositores reiteraron su interés por derogar el decreto presidencial 3-2010, pese a la amenaza de cárcel notificada por los magistrados orteguistas Francisco Rosales, Ligia Molina y el abogado usurpador Rafael Solís.
Legisladores que adversan al Gobierno restaron cualquier peso legal a la resolución que el miércoles firmaron apenas dos de seis magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes los previnieron “de estar sujetos a la justicia penal” si continúan tramitando la ley contra el decreto presidencial 3-2010.
“No es con cárcel que nos van a doblegar. Ya muchos hemos sufrido la cárcel sandinista en la década de los ochenta. Así que tendrán que matarnos. Y le decimos a los sicarios de Ortega que traten de matarnos, porque es la única forma en que nos van a detener”, advirtió el primer secretario de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
El primer vicepresidente del parlamento, Oscar Moncada, dijo estar listo para asumir funciones de presidente si el sandinista René Núñez no acata la eventual decisión de al menos 47 diputados que manden a discutir la ley contra el decretazo.
LA BEBEN O LA DERRAMAN
Navarro, Moncada, el presidente de la Comisión de Justicia, José Pallais, y el jefe de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Adolfo Martínez Cole, ofrecieron ayer una conferencia de prensa, desconociendo lo actuado en la CSJ y defendiendo las acciones que ha tomado la oposición.
Ortega emitió el decreto 3-2010 prorrogando ilegalmente en sus cargos a 23 funcionarios de Estado que ya cumplieron su período.
Los opositores, que dicen tener al menos 48 votos, impulsan una ley para derogar tal decreto.
- El presidente de la Comisión de Justicia, José Pallais, admitió ayer que entre los opositores existen dudas del título de abogado del magistrado Francisco Rosales, quien ante la Corte Suprema de Justicia presentó en 1986 un diploma de Francia, emitido en 1978.
Para el legislador la batalla política que se libra en contra de la reelección del presidente Daniel Ortega y de los magistrados electorales debe desarrollarse en tres áreas: Aquí en la Asamblea, hasta donde podamos; en las calles, organizándonos y movilizándonos, y gestionando la solidaridad de la comunidad internacional.
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En la Sala Constitucional de la CSJ, dos magistrados y un usurpador de cargo público (Rafael Solís) advirtieron a los diputados que el trámite a la ley contra el decretazo acarrea la pérdida de inmunidad, por lo que serían arrestados.
Para la próxima semana están convocadas tres sesiones ordinarias en el parlamento y los opositores dicen que invocarán una modificación a la orden del día para pasar a discusión la polémica ley.
ACTÚAN COMO MARA “SALVATRUCHA”
“Es inconcebible que ex magistrados de la Corte se reúnan con magistrados de la Corte para elaborar una seudosentencia, con la cual quieren echar presos a funcionarios del Poder Legislativo, que fuimos atacados por esos ex magistrados por sus turbas, que lesionaron a cuatro diputados y lo que estaban tratando de hacer esos ex magistrados era impedir que los diputados trabajaran. Sólo en Nicaragua sucede eso. Los pandilleros, los asaltantes que le impiden a los diputados trabajar, ahora se quieren convertir en jueces, sin serlo, para echar presos a los diputados de una manera ilegal”, dijo Navarro.
“Los magistrados y ex magistrados de la Sala Constitucional actúan como las pandillas de los ‘Comemuerto’ (…) nosotros estamos más firmes que nunca, estamos esperando que vengan por nosotros la mara ‘Salvatrucha’, que vengan a tratar de mandarnos presos, pero no nos van a detener, el proceso de formación de la ley tiene que continuar y vamos a continuar hasta derogar el inmoral decretazo de Daniel Ortega”, añadió Navarro.
Además, Navarro sostuvo que el delito de desacato a la autoridad que esgrimen los sandinistas en la CSJ no se le puede aplicar a un funcionario público, sino a personas particulares, por lo cual adujo que el máximo tribunal nicaragüense se ha convertido en la “Corte de la Inmoralidad de Justicia”.
Respecto al retiro de la inmunidad de un funcionario, Navarro explicó que sólo se pierde por casos laborales o familiares, siempre y cuando exista el debido proceso judicial.
“El papel de las maras ‘Salvatrucha’, que hoy nos notificaron, no tiene ningún asidero legal (…) le decimos a Ortega y a Chicón Rosales que nos manden a echar presos ya, porque nosotros vamos a seguir con el proceso de formación de la ley para derogar el decretazo inmoral de Daniel Ortega”, sostuvo.
NO ESTABAN TODOS LOS QUE SON…
En la conferencia de ayer fue notoria la ausencia de los dos directivos de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Alejandro Ruiz y Carlos García, así como la del jefe de bancada, Ramiro Silva.
Ruiz está fuera del país y regresa el domingo, explicó Moncada. García sufrió una operación, aunque no por causas graves, agregó Navarro.
Silva, en tanto, reafirmó que ALN está a favor de aprobar la ley contra el decreto presidencial 3-2010.
En el parlamento corrió el rumor de que el diputado Ramón Macías (ALN) se habría reunido la tarde del miércoles con el usurpador de cargo público Rafael Solís, quien hace las veces de operador político del Gobierno.
Solís admitió que miembros de ALN lo buscaron, pero negó haberlos recibido.
MACÍAS SE ENOJA
Por su parte, Macías admitió que llegó a la CSJ pero para tramitar el título de abogada de su hija y rechazó cualquier negociación política.
“¿No puedo ir a hacer un trámite con mi hija? Y mañana voy de nuevo con ella, (…) la verdad es que yo no tengo que darle a LA PRENSA ninguna explicación al respecto, de si ando haciendo negociaciones personales, no me interesa lo que piensen”, comentó Macías por la vía telefónica, molesto.
El presidente de la CSJ, magistrado liberal Manuel Martínez, calificó como un “chantaje político” la resolución de los dos magistrados orteguistas y del abogado usurpador Solís.
“La inmunidad no puede ser quitada así por así por nadie, sólo por la Asamblea Nacional y a través de un procedimiento, aquí despojaron de su inmunidad al doctor Alemán y tuvieron que conseguir 47 votos, de manera que eso es politiquería, es una triste utilización del Poder Judicial para intimidar gente, porque eso es lo que pretenden, intimidar a los 48 votos que aprobaron el trámite a la ley contra el decretazo para que lo echen atrás. Es chantaje”, dijo Martínez.
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