Con el voto de sólo dos magistrados orteguistas, Ligia Molina y Francisco Rosales, más el del abogado usurpador Rafael Solís, el orteguismo pretendió ayer desde la Sala Constitucional (compuesta por seis magistrados) remover la inmunidad parlamentaria a siete miembros de la Comisión de Justicia del parlamento que fueron “prevenidos” de estar “sujetos a la justicia penal”, y a cuatro directivos opositores les advirtieron no continuar tramitando la discusión de la ley contra el decretazo.
Por su parte, los diputados opositores desconocieron ayer cualquier proceso judicial en contra de su inmunidad por desacato a la autoridad; reafirmaron el trámite a una ley que anule el decreto presidencial 3-2010, con el cual Daniel Ortega prorrogó a 23 funcionarios de Estado, y retaron al magistrado orteguista Francisco Rosales a mostrar su título de abogado y a que los arreste en persona.
PALLAIS: “LO ESPERO EN MI CASA”
“Rosales dice que nos quita la inmunidad y nos manda a capturar. Es una barbaridad, porque él no tiene facultad, no nos pueden capturar sin juicio. Esto no nos frena. Lo espero en mi casa, si es hombre, que me llegue a arrestar él. Es una vergüenza del foro jurídico, no vamos a reconocer y aceptar una barbarie. Que la Policía le diga a él que nos llegue a arrestar, a ver si es hombre”, sostuvo José Pallais, presidente de la Comisión de Justicia.
- Los magistrados liberales de la Sala Constitucional, Iván Escobar Fornos y Sergio Cuarezma Terán, protestaron la resolución de los orteguistas, porque el expediente del caso les fue entregado hasta ayer, cuando los primeros ya habían tomado una decisión.
(Los orteguistas) condenan penalmente sin forma ni figura de juicio justo a Óscar Moncada Reyes, Carlos García, Alejandro Ruiz y Wilfredo Navarro, miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, y a los siete miembros de la Comisión de Justicia que no han sido parte en este amparo, dice la protesta de los liberales.
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Además de Pallais, los otros “prevenidos” de estar “sujetos a la justicia penal” son Ramón González, Maximino Rodríguez, Luis Ulises Alfaro, Noel Pereira Majano, Adolfo Martínez Cole y Alejandro Ruiz.
“La ley de inmunidad dice que ‘en flagrante delito’ puede ser detenida cualquier persona que goce de inmunidad, pero ¿dónde está al flagrante delito? Estamos cumpliendo con el proceso de formación de la ley, la directiva legalmente constituida actuó, el plenario entero envió el proyecto a la Comisión de Justicia y nosotros cumplimos con nuestra obligación de dictaminar”, dijo Martínez Cole, de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN).
En el resto de casos, explicó Martínez, sólo la Asamblea Nacional puede iniciar un proceso de desafuero en contra de los diputados. Los legisladores opositores se alistan para impulsar la discusión del proyecto de ley para las sesiones ordinarias de la próxima semana, aunque no está prevista una reunión de directivos, por lo cual la iniciativa no podría pasar a discusión.
Wilfredo Navarro, del PLC, indicó que a más tardar en la primera semana de junio se podría discutir el proyecto y añadió que podrían aprobarlo con 50 votos.
LA INTENCIÓN DE LA CSJ
Los orteguistas emitieron una resolución en la que radican en la Sala Constitucional el recurso de amparo que presentó el diputado orteguista Edwin Castro en contra de la sesión realizada en el hotel Holiday Inn el 20 de abril pasado, en la cual los diputados opositores hicieron quórum y enviaron a la Comisión de Justicia el anteproyecto de ley que derogaría el “decretazo”. Tres magistrados orteguistas declararon nula dicha sesión (de seis magistrados que conforman la Sala).
En su resolución de ayer los magistrados Rosales y Molina, así como el abogado Solís (o sea sólo dos votos válidos de los seis que conforman la Sala), según ellos, despojan de su inmunidad a los diputados opositores de la Comisión de Justicia, alegando que están cometiendo flagrante delito de desacato a la autoridad al continuar tramitando la ley derogatoria del “decretazo”.
“Se les previene desde ahora que el delito de desacato a la autoridad y la comisión del mismo de manera in fraganti no está cubierta por su inmunidad parlamentaria, tal y como lo establece la ley respectiva, por lo que desde este momento quedan sujetos a la justicia penal”, dicen los orteguistas.
La resolución fue enviada al diputado Castro y a 11 diputados recurridos, además de una copia al presidente Ortega, al fiscal general de la República, Julio Centeno Gómez, y a la directora de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera.
ACTOS CARECEN DE LEGALIDAD
Mientras la jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, comisionada mayor Vilma Reyes, prefirió no referirse al tema por no haber recibido el oficio, los representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) coincidieron ayer en que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no están facultados para despojar de inmunidad a los parlamentarios.
El director del Cenidh, Bayardo Izabá, consideró que la suspensión de la inmunidad de la que gozan algunos funcionarios públicos, como los diputados de la Comisión de Justicia, sólo puede ser conocida por la Asamblea Nacional. “Los magistrados se están atribuyendo funciones que no les ha dado la ley, por lo tanto sus actos carecen de legalidad”, expresó Izabá.
“Los que deberían estar presos son estos magistrados, los que están incurriendo en delito son estos magistrados”, sostuvo Izabá. El director del Cenidh aseguró que la Policía y la Fiscalía no pueden cumplir órdenes ilegales.
Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH, coincidió en que “la Constitución es clara, los poderes son independientes”, por tanto, consideró que los orteguistas no tienen facultades de quitar la inmunidad a los parlamentarios, como pretenden con el oficio girado ayer a la Policía y a la Fiscalía.
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