La Comisión de Justicia, liderada por siete diputados opositores, cumplió ayer su objetivo y dejó en la primera secretaría el dictamen de ley que derogaría el decreto presidencial 3-2010, dejando ahora con la “papa caliente” a los cuatro directivos liberales en el parlamento, quienes deben enviar la iniciativa a discusión en el plenario.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) continuó aferrado al decreto del presidente Daniel Ortega, a las cuestionadas decisiones de los magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a un amparo del Tribunal de Apelaciones de Managua, para decir que el dictamen de ley “no tiene ningún valor legal”.
- El diputado Wilfredo Navarro desautorizó ayer el recurso de conflicto entre poderes que introdujo la sandinista Alba Palacios ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Miembros de la junta directiva están pidiendo que se incluya (en la próxima reunión de directivos) el escrito que introdujo Alba Palacios ante la Corte, para desautorizar ese recurso, porque no lo decidió la junta directiva y por tanto no tiene ninguna validez, afirmó Navarro.
Palacios opinó que la CSJ es la que debe decidir si el recurso es válido o no.
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EL DICTAMEN
En 16 días la Comisión de Justicia emitió el dictamen, en el cual se acusa al presidente Ortega de usurpar funciones al parlamento y de reformar de hecho la Constitución con el decreto 3-2010, prorrogando en sus posiciones a 23 funcionarios de Estado, mientras el parlamento no elija a sus sucesores.
El dictamen, elaborado en parte por el jurista Oscar Carrión, fue firmado por los diputados José Pallais, Adolfo Martínez, Ramón González, Noel Pereira, Alejandro Ruiz, Maximino Rodríguez y Luis Alfaro.
El primer secretario del parlamento, Wilfredo Navarro, explicó que la reunión de junta directiva debe realizarse la próxima semana.
Navarro, Oscar Moncada, Alejandro Ruiz y Carlos García mantuvieron ayer que votarán a favor de que el dictamen pase a discusión en el plenario, en las sesiones ordinarias previstas entre el 18 y el 20 de mayo.
“El FSLN se va a oponer a pasarlo al plenario, y allí vamos a ver el estira y encoge. Nosotros mantenemos nuestra posición e inclusive el diputado Alejandro Ruiz firmó el dictamen”, dijo García, de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN).
En el dictamen, los diputados también señalaron que la Asamblea Nacional es la única facultada para elegir a los funcionarios públicos y agregaron que el artículo 182 de la Constitución es claro al decir que no tendrán ningún valor las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se opongan a la misma Carta Magna.
El diputado por la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Eduardo Montealegre, expresó que no es negociable la derogación del decreto presidencial 3-2010.
“Ese decreto se tiene que derogar y la Asamblea Nacional tiene facultad para derogar un decreto presidencial, vamos a mantener nuestra posición. Ese decreto 3-3-2010 es ilegal e inconstitucional”, dijo Montealegre.
FSLN: “LOCURITAS”
La tercera secretaria de la junta directiva, Alba Palacios (FSLN), restó legalidad al dictamen que ayer quedó en la primera secretaría, al decir que el Tribunal de Apelaciones declaró ilegal la sesión del pasado 20 de abril, cuando los opositores —sitiados en el hotel Holiday Inn— tramitaron la iniciativa.
“Cualquier locurita jurídica que ellos quieran hacer es un show. Cualquier acto que se derivó de esa reunión (sesión del 20 de abril) fue ilegal, todo lo que se está haciendo es una acción política y no tiene ningún efecto jurídico, pero ellos van a seguir con el show político. Si lo quieren llevar a plenario, lo que fuera, de todas maneras no tiene ningún efecto jurídico, porque es violatorio a la ley y reglamento”, manifestó Palacios.
Los opositores dicen tener una mayoría de 48 diputados para aprobar la ley en el plenario.
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