El bono de 529 córdobas que el presidente Daniel Ortega prometió el viernes a 120 mil empleados públicos (entre maestros, policías y militares) debió ser un incremento fijo en el salario de éstos y no una dádiva del mandatario, opinó ayer monseñor Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).
Brenes consagró ayer una nueva capilla en la parroquia de Las Colinas, donde comentó a los periodistas que “ojalá que el incremento salarial más adelante sea una hermosa realidad”. “Creo que todo mundo estaba esperando que eso (un incremento) fuera parte del salario, aunque entre dos males (tener un bono o nada) pues está el menor”, comparó.
El Arzobispo prefirió no comentar las razones que tendría Ortega para ofrecer este bono hasta año y medio antes de las próximas elecciones presidenciales a las que aspira participar en contra de la Constitución.
Sin embargo, coincidió con la advertencia de los economistas sobre las alzas que provocaría ese dinero extra en el mercado, y rogó porque “la canasta básica no suba, porque ahí se irían los quinientos pesos y que el transporte no suba porque ahí también se acabaría”.
Los bonos prometidos por Ortega serán pagados fuera de presupuesto, a partir de mayo, con los fondos que Nicaragua recibe de la cooperación venezolana, también manejada fuera del presupuesto. Según Ortega, esos podrían duplicarse en diciembre, pero no es seguro que continúen el próximo año.
Tampoco esos empleados mejorarán su cotización al seguro social, a propósito del cual el coordinador político del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Edmundo Jarquín, comentó en su programa radial El Pulso de la Semana, que “las malas y dudosas inversiones que se han hecho durante muchos años con los fondos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)” es una de las razones por las que ése “quebrará en próximos años”.
Según Jarquín, la quiebra se evitaría incluyendo en las cotizaciones al sector informal y generando más empleos. Pero ésa es una solución que él no ve posible bajo el Gobierno de Ortega, “incapaz de dar confianza a los inversionistas”.
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