Los artículos 53 y 54 de la Constitución reconocen el derecho ciudadano a manifestarse públicamente, y la Ley de Participación Ciudadana en su artículo 89 designa a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) como la promotora y defensora de ese derecho.
Sin embargo, un alto funcionario de la PDDH, Sixto Ulloa, en vez de cumplir la ley trató ayer de impedir la protesta cívica de un grupo de ciudadanos que considera que el ex procurador Omar Cabezas viola la Constitución al mantenerse en ese cargo a pesar de que su período venció el 10 de diciembre pasado.
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Ciudadanos miembros de la Red de Resistencia Ciudadana y el Movimiento por Nicaragua hicieron ayer un plantón frente a la Procuraduría, pero antes de llegar allí ya eran esperados.
“Avísenles que los estamos esperando. La gente que tenemos infiltrada con ellos ya nos avisó que vienen… Hasta con balas los vamos a recibir”, gritaban desde las oficinas de la Procuraduría algunos empleados dirigidos por el también reverendo evangélico Ulloa.
Esos gritos y amenazas comenzaron cuando llegó el equipo de periodistas de LA PRENSA a las afueras de la Procuraduría. De inmediato, un vigilante de la institución plantado en la puerta empezó a acariciar una escopeta, como insinuando que estaba listo para usarla.
“CUATRO TONTOS” PARALIZAN PDDH
Apenas llegó el grupo de ciudadanos a las inmediaciones de la PDDH, Ulloa, quien es procurador especial de Participación Ciudadana, salió con dos ejemplares de la Constitución en la mano, seguido por dos empleados, con la intención de repeler a los protestantes que estaban en la esquina más cercana al edificio.
Al verse en desventaja numérica, Ulloa comenzó a llamar al resto de empleados. “Que salgan, que salgan los trabajadores, que vengan aquí”, gritaba el reverendo y funcionario de la PDDH, mientras los protestantes gritaban “que se vaya el usurpador”, “que se vaya el corrupto, su período ya venció”.
Los manifestantes portaban escobas en señal de que hace falta barrer la corrupción de las instituciones del Estado, lo que Ulloa no toleró.
Ulloa comenzó entonces a defender a gritos al ex procurador Omar Cabezas, respaldado por otro empleado público, Salvador Ramírez.
El argumento de Ulloa contra los manifestantes es que estaban interrumpiendo la atención al público en la PDDH, mientras unos treinta empleados de la institución, cruzados de brazos, observaban el incidente.
El grupo protestante, que no pasaba de veinticinco personas, permanecía en la vía pública, pero Ulloa y Ramírez insistían en que los empleados de la PDDH se sentían “amenazados” por lo que ellos mismos calificaron como un grupo de “cuatro tontos que se dejan manipular”.
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