La coordinadora de la Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones, Heydi González, lamentó que leyes como la del Estado de Arizona —que entran en vigencia en junio próximo— puedan ser una señal para que otros estados de Estados Unidos apliquen leyes similares.
González estimó además que dicha Ley legaliza violaciones de derechos humanos, que en la práctica se aplican en la franja fronteriza de EE.UU.
Señaló que aunque la ley ha sido rechazada por diferentes países, el de Nicaragua siempre va “rezagado”.
La defensora de los derechos de los migrantes indicó que en el país de destino se dan violaciones a los derechos humanos, pero también ocurre a lo largo del trayecto desde que salen del país de origen.
Muchas veces los estados de la región lo único que hacen es ser cómplices de esas políticas migratorias, porque firman los memorandos de repatriación, criticó González.
Martha Isabel Cranshaw, miembro de la Red, indicó que al señalar que esta ley criminaliza a los migrantes, se refiere a que la misma obliga a las personas a denunciar donde se sospechan que hay trabajadores migrantes irregulares, obliga a los patronos a no contratar migrantes irregulares, y sanciona a quienes se atreven a contratarlos.
Cranshaw manifestó que “éste es un mal (…) que puede ser seguido por otros estados”.
El caso de Arizona no tiene muchos efectos para la población migrante centroamericana que en su mayoría se encuentra en Florida, California y Texas, pero como ha habido un consenso de las fuerzas políticas que participan en este estado, hay un precedente de modificación en violación a la Constitución estadounidense.
A criterio de esa agrupación, los países de la región deben unirse para que pongan en la agenda política de negociación bilateral el tema migratorio.
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