El presidente del Poder Judicial, magistrado liberal Manuel Martínez, priorizando su amistad con el ex magistrado Rafael Solís Cerda por encima de la institucionalidad del país, no impedirá que éste y Armengol Cuadra continúen llegando a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a ejercer como funcionarios públicos, a pesar de que ya se les venció su período como tales y que todos sus actos son ilegales.
- Francisco Emilio Sandoval Castro es el reo que se encontraba el lunes en audiencia en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cuando se produjo el altercado entre el magistrado liberal Gabriel Rivera y el abogado orteguista Rafael Solís Cerda.
”Pero con lo que se dio (el conflicto político que ha generado la insistencia de Cuadra y Solis de permanecer en la Corte) va a perjudicar a mi cliente, al saber cuándo se va a destrabar este caso”, dijo.
El reo Sandoval Castro también se mostró preocupado por la situación y señaló que es evidente de que en el Poder Judicial se le da prioridad a lo político antes que a los casos de las personas comunes.
“No priorizan al reo, los problemas políticos los deberían ver en otro lado (no en las audiencias)”, dijo Sandoval Castro.
Martínez habla de posible reelección
El dirigente del PLC, Arnoldo Alemán Lacayo, dijo que en la reunión sostenida ayer con magistrados judiciales liberales, el presidente de la CSJ Manuel Martínez negó que la permisibilidad para que los ex magistrados Solís y Cuadra se mantengan en sus oficinas se deba a que serán reelectos y que eso eran declaraciones que provenían del mismo Solís.
Sin embargo, las declaraciones fueron brindadas en nombre de Martínez por la ofician de Relaciones Públicas de la Corte y además, el propio Martínez al salir de la reunión en la Fundación Alemán afirmó que él no podía tomar ninguna acción contra los ex magistrados porque son “mis amigos, mis colegas, ex colegas y pueden llegar a ser colegas nuevamente”.
Indicó que la usurpación de funciones en la que estarían incurriendo los ex magistrados Solís y Cuadra es una situación que debe dilucidar la Fiscalía, razón por la que se reuniría con el fiscal Julio Centeno Gómez, en la que le sugeriría algunas posiciones sin determinar a cuáles se refería.
“La actitud complaciente de Martínez y del fiscal Centeno no es por voluntad propia, sino que pueden estar obedeciendo a una orden del caudillo Alemán”, dijo una fuente ligada al PLC.
Alemán negó que existan negociaciones con el partido de Gobierno para la elección de los 25 cargos públicos, ni que tampoco se aprovechen de la situación para presionar con el objetivo de lograr réditos políticos.
Aprovecharon para denunciar que algunos secretarios de Salas están convocando a reuniones sin la autorización de los presidentes, como fue el caso de la Sala Civil, presidida por el magistrado Antonio Alemán Lacayo, por lo que éste le llamó la atención a Gladys Delgadillo, lo que calificaron como “abuso” y revirtiera esa convocatoria.
La dirigencia del PLC mostró copias de las actas de las audiencias que se celebraron el pasado lunes en la Sala Penal y que las mismas no fueron firmadas por los miembros de tendencia liberal, sino que razonaron la falta de rúbrica por el hecho de considerar que ese acto era nulo, ante la presencia de los dos ex magistrados sandinistas, cuyo período se venció el pasado domingo.
Por su parte el magistrado liberal Gabriel Rivera, a quien su ex homólogo mandó callar calificándolo de “matón”, expresó que prefería cerrar ese capítulo, ya que lo único que él hizo fue una protesta para no convertirse en cómplice de un delito de usurpación (el de los abogados Solís y Cuadra).
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Martínez al salir ayer de la reunión en la Fundación Alemán, en la que estaban el ex presidente Arnoldo Alemán, magistrados judiciales y diputados liberales, afirmó que él no podía tomar ninguna acción contra los ex magistrados “porque son mis amigos, mis colegas, ex colegas y pueden llegar a ser colegas nuevamente”.
El magistrado presidente indicó a través de la oficina de prensa de la Corte que no puede cerrarles oficinas y removerles el personal de apoyo porque tiene entendido que ambos serán reelectos en sus cargos.
¿De dónde obtiene Martínez semejante información?
Tal afirmación de Martínez hace pensar que la dirigencia del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), liderada por el ex presidente Arnoldo Alemán, ya está negociando una vez más con el caudillo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel Ortega, para repartirse los cargos en las instituciones del Estado.
El propio Solís dijo que Martínez es un caballero, con quien se ha llevado bien. “Nos hemos llevado bien y él (Martínez) no quiere sentirse forzado a dar declaraciones”, dijo Solís, quien añadió que Martínez no está de acuerdo con que él y Cuadra sean excluidos de la Corte.
Sobre la actitud de Martínez, los magistrados Sergio Cuarezma, Gabriel Rivera y Antonio Alemán guardaron distancia, sobre todo porque el lunes pasado ellos defendieron el respeto a la institucionalidad del país al denunciar que Solís y Cuadra no son magistrados.
Solís y Cuadra, además de no ser magistrados, no tienen inmunidad, no deben integrar salas ni firmar cheques en nombre de la Corte Suprema de Justicia, situación sobre la cual los bancos donde Solís es firma libradora no se han pronunciado. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público tampoco deberá pagarles como magistrados, de lo contrario estarían incurriendo en malversación de caudales públicos. Sin embargo, a Martínez esto no parece interesarle.
SOLÍS DICE QUE MARTÍNEZ LO APOYA
El abogado orteguista Rafael Solís agregó que Martínez llegó este lunes a su despacho a decirle que se sintiera bien y que no tenía nada que ver con el altercado que sostuvo con el magistrado Gabriel Rivera. “No tengo inconveniente en que sigas viniendo a la Corte, mi relación con vos sigue igual”, afirma Solís que le dijo Martínez.
Solís también se refirió a que ayer por la mañana no se presentó a un canal de televisión porque fue alertado por la Policía de que sería agredido por jóvenes del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), quienes supuestamente iban a repetir la escena de cuando le tiraron huevos al magistrado orteguista Francisco Rosales, luego que éste diera a conocer la opinión de seis magistrados orteguistas que ha sido presnteada por el oficialismo como una “sentencia” que permite a Ortega postularse para reelección.
Solís dijo que no se siente amenazado y que no pedirá protección policial, y que el hecho de que los altos mandos policiales lo llamen es porque lo ven como magistrado “y no como un simple abogado”.
El ex magistrado sandinista indicó que la Policía debe obedecer el decreto 03-10 del presidente Daniel Ortega, que ordena prorrogar en sus cargos a los funcionarios públicos a quienes se les vence su período en este año 2010.
HASTA LAS SECRETARIAS SE LES “LIBRETEAN”
Los conflictos a lo interno de la Corte Suprema continuaron, cuando el magistrado judicial Antonio Alemán, presidente de la Sala Civil, suspendió de manera urgente la sesión de dicha Sala que estaba programada para ayer por la mañana, ya que “por un error” de la secretaria Gladys Delgadillo se convocó como magistrado al abogado orteguista Cuadra.
Cuadra argumentó que todavía es citado como magistrado por los propios liberales, pero a través de la oficina de prensa de la CSJ el magistrado Alemán rectificó y dijo que todo se trató de un error “garrafal” de la secretaria de Sala, y que por ese motivo fue que ayer no hubo sesión de la Sala Civil.
CONTRA “DECRETAZO”
Por otra parte, cinco ciudadanos presentaron ayer un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia por la inconstitucionalidad del Decreto Presidencial 03-2010, con el que el mandatario Daniel Ortega pretende prorrogar ilegalmente en sus cargos a 25 ex funcionarios públicos a quienes este año se les vence su período, y sobre el cual se basan Solís y Cuadra para aferrarse a sus antiguos cargos.
Los recurrentes son Víctor Boitano, Jaime Chavarría, los abogados Lulio Marenco y Gustavo García Prado, así como el secretario Ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona.
Boitano explicó que aunque ya pasaron 60 días desde que Ortega emitió su decreto, el amparo que ellos presentan se basa sobre una resolución que emitió el Tribunal de Apelaciones de Masaya, anulando el decreto mencionado, y desde la fecha de emisión de esa sentencia aún no han transcurrido los 60 días que establece la Ley.
Con ese amparo los recurrentes pretenden que la CSJ anule el decretazo de Ortega, “que lo declare nulo por violar derechos constitucionales de los nicaragüenses”, dijo Boitano.
FSLN ALISTA TURBAS
Por su parte, la mayoría de los sindicatos prosandinistas del Poder Judicial se manifestaron a favor de que Cuadra y Solís se mantengan como magistrados de la Corte. Carlos López Tinoco, secretario de la Federación de Trabajadores Judiciales de Nicaragua (Fetrajun), anunció para este viernes una marcha desde la Corte hasta la Asamblea, en favor de los abogados orteguistas Solís y Cuadra.
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