El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alejandro Serrano Caldera, explicó ayer que el párrafo dos del artículo 201 de la Constitución de 1987 se “autoderogó” en 1990, cuando asumieron sus cargos los nuevos funcionarios en los distintos poderes e instituciones del Estado.
Martínez indicó que para mantener a los funcionarios públicos en sus cargos, los diputados sandinistas están inventando el agua tibia, cayendo en errores jurídicos y políticos, al tratar de poner en vigencia un artículo que ya no tiene ninguna validez.
Agregó que Ortega, cuando emitió el decreto 03-2010, con el que también pretende prorrogar los períodos de funcionarios públicos, debió invocar el segundo párrafo del artículo constitucional 201.
Lo que debieron haber hecho desde el comienzo es darle el cariz de vigencia al artículo 201, argumentando que no ha sido reformado o derogado por ninguna de las reformas que ha tenido la Constitución, indicó Martínez.
Para el magistrado Martínez es peligroso que en el Poder Judicial haya magistrados a quienes se les vence su período el próximo 11 de abril, y pretendan acogerse al decreto de Ortega y al segundo párrafo del artículo constitucional 201 para mantenerse en sus cargos más allá de esa fecha, porque crearía inseguridad jurídica.
Sembraría cierta anarquía, diría yo, dentro de la administración de la Corte de Justicia, porque nuestro negocio es lidiar con abogados, gente de derecho, de que cualquier resolución que dictamos o donde comparezcan estos señores (magistrados de facto) va a ser argüida de duda, de nulidad absoluta, entonces vendría a sembrar inseguridad jurídica. Este riesgo es el más grande. Fijate que la Contraloría nada tiene que ver, ni los Derechos Humanos ni nada de eso, pero el Poder Judicial sí, no se puede exponer, dijo Martínez.
El magistrado sandinista Rafael Solís, a quien se le vence su período el 11 de abril, refutó a Martínez y alegó que el segundo párrafo del artículo constitucional 201 nunca fue derogado y, aunque se encuentra en las disposiciones finales y transitorias, nadie puede decir con certeza que es un artículo transitorio, cuando también puede ser final, no transitorio.
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El miércoles, el presidente del parlamento, el sandinista René Núñez, sostuvo que sigue vigente el transitorio párrafo constitucional porque nunca se reformó o derogó. El texto de 1987 dice que los funcionarios de Estado de ese entonces podían permanecer en sus cargos mientras no asumieran sus relevos.
Una veintena de funcionarios terminan en 2010 sus cinco años en altos puestos estatales, pero el presidente Daniel Ortega ahora se aferra a que se mantengan en sus funciones basado en un párrafo que perdió vigencia hace más de 20 años.
Serrano Caldera sostuvo que el alegato del oficialismo no es jurídicamente el correcto.
“Una disposición transitoria no tiene que ser derogada porque su vigencia está en función de una labor específica, concreta y puntual, que es justamente servir de marco constitucional a la resolución de una situación en particular. Resuelta esa situación, definitivamente la disposición no tiene razón de ser y ella misma se autoderoga”, explicó Serrano Caldera.
“La derogatoria no es necesaria porque la misma disposición se autoderoga cuando cumplió su disposición, porque no es una norma constitucional con fines de permanencia, como son las otras normas constitucionales, ni tiene la finalidad de continuar su vigencia”, añadió el jurista.
El diputado por el Movimiento Renovador Sandinista, Víctor Hugo Tinoco, calificó como un “artículo fantasma” de la Constitución el que defiende el oficialismo para mantener en sus cargos a los funcionarios de Estado.
“El orteguismo y Daniel Ortega están desesperados, están buscando cualquier artificio, cualquier artimaña”, indicó.
Pero el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) defendió ayer con uñas y dientes la vigencia del artículo.
“La vigencia de la Constitución no puede ser objetada, no es un tema de si me gusta o no me gusta, sino que es un tema que eso lo establece nuestra Constitución y mientras ese párrafo no sea reformado, porque no lo fue, no podemos ir en contra de nuestra Constitución, guste o no al Gobierno, o guste o no a la oposición”, dijo la diputada Alba Palacios (FSLN).
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