Los diputados Carlos Langrand, de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) y Ramiro Silva, de Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), dejaron en “jaque” ayer a los contralores de facto que aspiran a ser reelectos en el parlamento.
- Para el Instituto de Auditores Internos de Nicaragua, la elección de contralores debería estar sujeta más por lo técnico que por lo político.
Hay gente en la Contraloría que ni un papel de trabajo saben cómo hacerlo. Es la verdad. Imaginate a (José) Pasos Marciaq, yo lo he conocido como un relacionista público y cuando estás hablando en una Contraloría, debés tener el conocimiento muy profundo sobre lo que hace el auditor para determinar al final una responsabilidad que no debe ser política, sostuvo Contreras Rivera.
Contreras Rivera se quejó que a veces los auditores imponen responsabilidades y por una orden de arriba se dijo ya estuvo y ahí paró, como le pasó a él recientemente.
El Instituto respaldó a Francisco Bravo, fiscal de la junta directiva, un técnico cuya figura fue propuesta para la CGR por el sector privado.
Los auditores se preparan además en estos días para un cónclave regional, donde se abordarán una serie de temas de control público y privado. La cita será el 14, 15 y 16 de abril en el Centro de Convenciones Crowne Plaza. Lucila Saballos García, presidenta del Instituto, aseguró que será el quinto seminario regional de su especie y participarán destacados profesionales a nivel mundial.
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Ambos legisladores confirmaron que se sumarán a un dictamen, que será de mayoría, en el cual se declararán “inhabilitados” de repetir como contralores a Guillermo Argüello Poessy, Luis Ángel Montenegro, José Pasos Marciaq, Christian Pichardo y Vicente Chávez.
Los cinco contralores de facto terminaron su período de cinco años el pasado 16 de febrero, pero siguen ejerciendo funciones al ampararse en un decreto presidencial que prorroga ilegalmente en sus puestos a 23 funcionarios de Estado.
Langrand explicó que se sumará a un proyecto de dictamen que tienen listo los diputados José Pallais, Ramón González y Víctor Hugo Tinoco, declarando “inhabilitados” a los contralores de facto.
“En nombre de la Bancada Democrática Nicaragüense en la Comisión Especial, siempre he preguntado a los funcionarios si se acogerán al decreto de Daniel Ortega y a los que responden que sí, no los vamos a recomendar”, afirmó Langrand.
El dictamen de mayoría, que no beneficiará a los contralores de facto, contaría con las firmas de Pallais, González, Tinoco, Langrand y Silva.
“La posición mía ha sido, desde un inicio, que es incongruente que nosotros permitamos la reelección de un funcionario, tomando en cuenta que la junta directiva emitió una resolución declarando inaplicable el decretazo”, sostuvo Langrand.
SILVA DESCONFÍA DEHERNÁNDEZ Y GUERRA
El diputado Silva —presidente de la Comisión Especial Constitucional del parlamento que sigue la elección de los 25 funcionarios de Estado—, añadió que está investigando si los ex contralores Lino Hernández y Francisco Guerra, quienes también quieren ser reelectos, continúan retirando sus salarios.
“Los que están asumiendo el decretazo yo no los voy a respaldar, me sumaría al proyecto de Pallais, pero también estoy confirmando la otra parte (el supuesto retiro de cheques de parte de Hernández y Guerra), para incluirlos a ellos, porque están siendo deshonestos, estarían actuando con doble moral”, indicó Silva.
La semana pasada, Hernández negó que continúe retirando su salario como contralor.
Hernández se opuso a cobijarse en el conocido decretazo presidencial.
“Yo sólo estoy confirmando si Lino Hernández y Francisco Guerra están recibiendo salarios, y si Luis Benavides también está recibiendo salario del Consejo Supremo Electoral. Si yo lo confirmo, voy a apoyar que a ellos también los incluyan (dentro de la lista de inhabilitados a ser reelectos), porque estarían siendo deshonestos”, reiteró Silva, quien ayer abandonó un hospital tras sufrir de dengue clásico.
FSLN QUEDARÍA EN MINORÍA
Si los cinco diputados cumplen su palabra de respaldar un dictamen de mayoría en contra de la reelección de los contralores, el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se vería obligado a impulsar un dictamen de minoría.
Los dos representantes del FSLN en la Comisión Especial, Edwin Castro y José Figueroa, tan sólo podrían gozar del respaldo de Guillermo Osorno, de la Bancada por la Unidad Nicaragüense (BUN), en el dictamen de minoría a favor de los contralores de facto.
TODAVÍA NOHAY JAQUE MATE
Pese a que en la Comisión Especial Constitucional hay cinco diputados, de un total de ocho miembros, en contra de la reelección de los contralores de facto, Langrand recordó que la palabra final estará en el plenario, donde un mínimo de 56 votos decidirá la suerte de Nicaragua.
“Nosotros preparamos un dictamen que recoge los mismos términos (del proyecto que impulsan Pallais, González y Tinoco) y respaldaremos a aquéllos que sí dejaron sus cargos, como Lino Hernández (…) pero acordate que al final decidirá la mayoría de los votos”, advirtió Langrand.
A inicios de mes, el diputado Pallais expresó que el FSLN ha llegado a controlar hasta 53 votos en el tema de la elección de los funcionarios de Estado.
Además, el oficialismo nunca respondió al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y a BDN una solicitud para sentarse a negociar la elección de los servidores públicos.
El primer vicepresidente de la junta directiva del parlamento, Óscar Moncada (PLC), ha dicho que la estrategia del FSLN es ganar tiempo para imponer como válido el decretazo presidencial, mientras obtiene los 56 votos para elegir en el parlamento a los funcionarios públicos.
El coordinador de la bancada del FSLN, Edwin Castro, manifestó recientemente que el oficialismo no descarta la escogencia de los magistrados judiciales y electorales, así como de contralores, con los 56 votos.
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