Tres diputados miembros de una Comisión Especial Constitucional del parlamento, que sigue la elección de 25 funcionarios de Estado, tienen listo un proyecto dictamen que declara “inhabilitados” de ser reelectos a los contralores que han acatado el decreto presidencial 03-2010, con el cual Daniel Ortega los prorrogó ilegalmente en sus cargos.
- Según el proyecto de dictamen, los contralores que se aferran al decretazo presidencial y quieren reelegirse están violando una serie de artículos constitucionales, de las leyes de la Asamblea Nacional y de la propia Contraloría General de la República (CGR).
Además, el artículo cinco de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República también impone un período de cinco años a los contralores, pero desde el pasado 16 de febrero varios de esos funcionarios sobrepasaron los cinco años.
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José Pallais y Ramón González, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), y Víctor Hugo Tinoco, del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), elaboraron un dictamen que no favorece a Guillermo Argüello Poessy, Luis Ángel Montenegro y José Pasos Marciaq, quienes aspiran a cinco años más como contralores, pero a la vez han permanecido en sus asientos aferrados al conocido “decretazo presidencial”.
Además, el proyecto de dictamen declara “inhabilitados” a Christian Pichardo Ramírez y Vicente Isabel Chávez.
“Están inhabilitados para ser electos miembros del Consejo Superior de la Contraloría por su desprecio y reiterado desacato a la Constitución Política, ya que han expresado y mantienen su decisión de irrespetar la Constitución Política y las facultades y competencia de este Poder del Estado”, dice el proyecto de dictamen en poder de LA PRENSA.
A los cinco contralores se les venció su período de cinco años el pasado 16 de febrero, pero han continuado en sus cargos argumentando que están cobijados por el decreto presidencial 03-2010.
El pasado 9 de enero, el Presidente Ortega emitió un polémico decreto prorrogando en sus asientos a 23 funcionarios de Estado, entre contralores y magistrados judiciales y electorales.
Los diputados opositores han dicho que el decreto presidencial es inconstitucional y en el parlamento ya está listo un proyecto de dictamen para descalificar a los contralores que acataron el decretazo y quieren reelegirse.
¿RESPALDARÁN ALN Y BUN?
Pero por ahora el dictamen no cuenta con las firmas del presidente de la Comisión Especial, Ramiro Silva, de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), y de Carlos Langrand, de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN).
LA PRENSA intentó a lo largo del fin de semana obtener las versiones de Silva y Langrand, pero no estuvieron disponibles.
Langrand ha dicho que no respaldará la elección de personas que han acatado el “decretazo presidencial”.
La semana pasada, Silva se pronunció en ese mismo sentido.
Si el proyecto de dictamen de Pallais, González y Tinoco obtiene en la Comisión Especial el respaldo de Silva y Langrand, los contralores de facto sólo tendrían el minoritario respaldo de los dos miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Edwin Castro y José Figueroa, y de Guillermo Osorno, de la Bancada de la Unidad Nicaragüense (BUN).
Según el dictamen que promueven los diputados Pallais, González y Tinoco, los contralores que buscan su reelección “no han cumplido con lo mandatado en la Constitución Política y las leyes de la República”.
Se espera que luego de Semana Santa la Comisión Especial Constitucional reinicie sus labores y emita los dictámenes para los candidatos a contralores.
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