El parlamento nicaragüense tiene bajo análisis una nueva ley para promover los derechos de las personas con alguna discapacidad que, según Gustavo Rueda, de la Asociación de Personas con Discapacidad Física y Motora (Adifim), suman 600 mil en el país.
La nueva ley podría ser discutida en abril, dijo el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, miembro de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional.
En la actualidad las personas discapacitadas tienen a su favor la Ley 202, Ley de Prevención, Rehabilitación y Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.
Sin embargo, Rueda explicó desde su silla de ruedas, ayer cuando visitó la Asamblea Nacional, que la citada legislación no los beneficia por completo.
Indicó que con la Ley 202 “nos miraban como enfermos y esta nueva ley que estamos proponiendo está basada en derechos, ya no es ‘pobrecito el enfermo, hay que mandarlo a su casa’. Ahora se van a contemplar derechos civiles y políticos, mejorar la inclusión en la educación, la accesibilidad, que es importante”.
POR VERSE DE DÓNDE SALDRÍAN FONDOS
El diputado Rodríguez mencionó que las personas con alguna discapacidad enfrentan muchas barreras en Nicaragua y añadió que, en el análisis de la nueva ley, todavía no se ha contemplado de dónde se obtendrán los fondos para modernizar la infraestructura que este grupo de la población necesita.
Rodríguez indicó que el financiamiento se podría obtener del Presupuesto General de la República, alcaldías y organismos internacionales.
“Cuando vemos el transporte, hay muchas barreras en los buses, paradas, terminales, en todos los accesos. La ley propone verdadero acceso y que mejoren la educación, porque las universidades y escuelas técnicas no tienen en realidad educadores especiales en los distintos lenguajes, como lenguaje de señas, y el sistema Braille”, argumentó el diputado Rodríguez.
OBSTÁCULOS EN EL ÁMBITO LABORAL
Pero Gustavo Rueda, de la Asociación de Personas con Discapacidad Física y Motora (Adifim), sostuvo que las limitantes no son sólo en infraestructura, sino que hay barreras culturales.
“El derecho al trabajo es importante, porque hay personas con discapacidad que estudian, que logran una profesión, pero después se encuentran con una barrera en las empresas y los miran como inferiores”.
Por ello indicó en los artículos de la nueva ley que tienen que ver con el trabajo, la educación y la salud, “estamos tratando de que queden bien plasmados”.
Sandra Darce, presidenta de la Federación de Mujeres con Capacidades Diferentes (Femucadi), expresó en febrero que ha habido grandes avances en cuanto a iniciativas en pro de la mujer discapacitada, pero continúan enfrentándose a muchas dificultades al momento de buscar empleos.
En ese entonces demandó a los empleadores públicos y privados abrir las puertas a las personas con discapacidad, que tienen la capacidad de trabajar.
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