Ejercer el periodismo en Nicaragua es tan peligroso como en el resto de la región centroamericana, pero en este país que hoy celebra el Día Nacional del Periodista crecen los factores de riesgo para estos profesionales, según advirtieron oficiales del Programa de Libertad de Expresión y de Protección a Periodistas de la oficina de Article 19 para México y Centroamérica, que ayer llegaron a Managua para una visita de cuatro días.
En la actualidad, México y Colombia encabezan la lista de los países de la región más peligrosos para el ejercicio del periodismo. Entre 2000 y 2009 murieron por el ejercicio de su labor informativa 735 periodistas. De ésos, 110 murieron en el 2009 y once de ellos en México, según datos del Instituto Internacional de Prensa.
El oficial Ricardo González y el oficial adjunto Omar Rábago reconocen que los riesgos contra periodistas en México distan de los acosos, chantajes, agresiones o campañas sucias en Nicaragua, pero no minimizan el daño de ésos.
Según González, los factores de riesgo para el ejercicio del periodismo en Nicaragua son al menos seis, y todos tienden a agudizarse ante una creciente intolerancia gubernamental y un Estado que no investiga los hechos en razones de igualdad.
Las agresiones físicas contra periodistas a cargo de la cobertura de manifestaciones políticas es un factor que aumentó desde noviembre del 2008, tras las elecciones municipales en las que la oposición y organismos de observación electoral reclaman el robo de más de cuarenta alcaldías a favor del gobernante Frente Sandinista.
“Esto pasa más cuando un sector vincula a un periodista con una línea editorial específica que no le es de su agrado, cuando los periodistas quedan en medio de conflictos entre grupos”, explica González tras subrayar que la situación empeora en sociedades polarizadas —como ocurre hoy en Nicaragua— o en situaciones extremas, como la ocurrida en Honduras tras la destitución del ex presidente de ese país, Manuel Zelaya.
- Article 19 surgió hace 23 años como una campaña global por la libertad de expresión y se quedó como una organización para el monitoreo, promoción y defensa de los derechos a la libertad de expresión e información y el cabildeo de su legislación.
En ocasión del Día Nacional del Periodista que se celebra hoy, el Oficial del Programa de Libertad de Expresión y Protección a Periodistas de México y Centroamérica, Ricardo González, y su adjunto, Omar Rábago, impartirán un taller sobre guías de prevención y protección a veinte periodistas del país.
El miércoles participarán en un foro sobre libertad de expresión junto al Centro de Investigaciones para la Comunicación (Cinco), la Fundación Violeta B. de Chamorro (FVBCH) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
[/doap_box]
Además, Article 19 considera que otros factores de riesgos son el uso de la publicidad como herramienta de control y presión para tratar de influir en la línea editorial de los medios y el bloqueo informativo.
En octubre del 2008 el Gobierno, sus instituciones y grupos afines a éste promovieron acosos judiciales y campañas de desprestigio en contra de organizaciones no gubernamentales y del periodista y director del Centro de Investigaciones para la Comunicación (Cinco), Carlos Fernando Chamorro.
González indicó que este tipo de campañas también son un factor peligroso en el que los grupos de poder buscan una “medida ejemplificante” para el resto de periodistas o actores en la defensa y promoción de los derechos humanos. “Esto te puede pasar también a ti, es lo que quieren decir con eso”, dijo.
Recientemente también se ha denunciado en el país el creciente control del Gobierno o grupos afines sobre medios de comunicación privados, provocando cierre de programas de opinión o investigación periodística, mientras también es notable el silencio de los gremios de la profesión, contaminados ya con la polarización nacional.
González y Rábago sostendrán estos días algunas reuniones con diferentes sectores del país, incluido el Gobierno, que aún no les confirma si los recibirán.
Ambos oficiales coincidieron en que ante estas hostilidades y amenazas la solución no es abstenerse de la labor, sino tomar medidas básicas de prevención personal y persistir en el ejercicio de un periodismo independiente y cercano a la sociedad, que contribuya a un debate público.
Para Rábago, la gente siempre verá con buenos ojos el esfuerzo social de los periodistas.
González admitió que una de las circunstancias que agravan estas situaciones de amenaza son la promoción de la impunidad o que el Estado se cruce de brazos ante los hechos.
“Hay que prevenir e investigar la agresión siempre, no importa de donde venga, aunque es más difícil cuando viene del Gobierno o responde a una política del Estado”, dijo González, que también asistió sobre la creciente hostilidad de los gobiernos de la región en contra de los medios, los periodistas o la crítica independiente.
Igualmente, Rábago señaló el que se opte por promover la libertad de asesinos de periodistas, como ha ocurrido en Nicaragua. “Con eso le dicen a quien quiera matar a uno, andá, no pasa nada”, advirtió.
INTOLERANCIA DE GOBIERNO
En octubre del año pasado Article 19 presentó un informe sobre la situación de la libertad de expresión para el primer Examen Periódico Universal de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos que se realizó el mes pasado en Suiza.
La organización fundada en 1987 y con diez años de presencia en Latinoamérica advirtió el incremento de la intolerancia gubernamental hacia la crítica y el disenso en Nicaragua, con un aumento en las amenazas y agresiones a periodistas y defensores de los derechos humanos.
Para Article 19 urge un debate democrático abierto que elimine los obstáculos para la promoción de la libertad de expresión y otros derechos humanos.
“La libertad de expresión es muchas veces el punto de partida para la promoción y la defensa de otros derechos como (el acceso a) la salud o la educación”, advirtió Rábago.
En ese sentido, el oficial adjunto destacó la excelente herramienta que es la Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada en el país en mayo del 2007. Sin embargo, criticó que aún falta trabajar por su implementación mermada por la falta de varias Oficinas de Acceso a la Información Pública y la instancia coordinadora de las mismas que manda la Ley 621.
Ver en la versión impresa las páginas: 3 A ,1 A
