Las Procuradoras Especiales de la Mujer y de la Niñez, Débora Grandison y Norma Moreno, respectivamente, salieron en defensa de una mujer, que después que denunció la violación de su hija, que ahora tiene 14 años, fue sentenciada a 12 años de prisión como cooperadora necesaria.
Ambas funcionarias dijeron que introducirán un escrito ante el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) para solicitar a esa instancia declare nula una sentencia emitida por la Juez Tercero Distrito Penal de Juicio.
Moreno criticó que las autoridades no hicieron esfuerzos por arrestar al violador, quien únicamente fue declarado rebelde. A criterio de ésta, la sentencia emitida el pasado 8 de febrero del presente año contiene juicios morales que profundizan la discriminación y violencia de género.
Ambas funcionarias consideran que es un precedente negativo para que las niñas y adolescentes sobrevivientes de cualquier delito, sobre todo de violación, no denuncien después a sus agresores, pues de esta manera la autoridad judicial las está revictimizando.
El hombre identificado como Irving Ramírez, vecino de la familia de la niña, se habría aprovechado de la amistad para abusar de la menor, lo que según las funcionarias esto no implica que la madre haya permitido la agresión.
Ambas advirtieron que esto generará temor entre las madres o familiares de los menores abusados, de que al denunciar la agresión, la justicia después se encauce en contra del denunciante. Grandison dijo que el proceso que se ha hecho durante estos años, para que niños y madres “rompan el silencio”, se verá afectado.
La Procuradora de la Mujer aseguró que agotarán las instancias internas hasta lograr la libertad de la mujer, y de no lograr que revoquen la sentencia recurrirán a instancias internacionales. Lo peor en este caso, dijeron ambas funcionarias, ocurre con el hecho de que la mujer es madre soltera, tiene tres hijos, quienes están en el desamparo.
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